La estrecha relación entre los paraísos fiscales y el cambio climático
Un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo alerta sobre el papel de los paraísos fiscales en la destrucción del medio ambiente.
La revista Nature Ecology & Evolution ha publicado un informe realizado por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo en el que analizan el uso de los paraísos fiscales por parte de los conglomerados agroindustriales que operan en la selva amazónica y las empresas pesqueras involucradas en actividades ilegales.
El estudio denuncia que el uso de los territorios con una fiscalidad laxa y el secreto financiero que les proporcionan ha reforzado las industrias vinculadas a la deforestación amazónica y al agotamiento de recursos naturales.
En dicha investigación se han analizado los datos del banco central brasileño para poder determinar las relaciones de las principales multinacionales agroalimentarias que operan en el país y los paraísos fiscales. Los datos analizados, correspondientes al periodo entre 2000 y 2011 ya que no existen datos posteriores, revelan que al menos nueve de los mayores productores mundiales de soja y carne de vacuno, dos industrias consideradas como los principales impulsoras de la deforestación, utilizan subsidiarias en este tipo de territorios para financiar sus operaciones en la selva amazónica. Cerca del 70% del capital extranjero, unos 18.400 millones de dólares, llegó a las empresas que operan en Brasil tras pasar por complejos de ingeniería fiscal y flujos de capitales usando subsidiarias de las propias empresas en territorios donde la factura fiscal es prácticamente nula y que brindan a estas empresas opacidad en sus operaciones.
Según los investigadores, “la prueba directa de causalidad sigue siendo esquiva” ya que es imposible establecer un vínculo directo entre el flujo de capital procedente de los paraísos fiscales, el uso de la tierra y el daño ambiental, pero alertan que la falta de transparencia asociada a las operaciones en los paraísos fiscales dificulta a los organismos de control y a los investigadores el seguimiento de la forma en que la financiación extraterritorial puede afectar a las operaciones sobre terreno.
En cambio, para el economista e integrante de la Plataforma contra los Paraísos Fiscales, Walter Acis, la relación es clara ya que, como explica a El Salto, el que este tipo de empresas contaminantes aprovechen las ventajas fiscales y de opacidad que les ofrecen estos territorios al localizar sus subsidiarias en ellos “facilita una sobre acumulación (capitalización de beneficios que no rinden impuestos), lo que permite potencialmente aumentar su capacidad inversora en procesos que aceleran el cambio climático”.
El 70% de los buques identificados por la Interpol como responsables de llevar a cabo actividades de pesca ilegal tienen banderas de paraísos fiscales
Pero, según explica el responsable del área de Cambia Climático de Ecologistas Javier Andaluz a El Salto, hay que tener en cuenta que los principales sectores económicos responsables de las emisiones de CO2, tales como el energético, minería o el transporte, “alcanzan su máxima expresión con el capitalismo globalizado”, y alerta que en este sentido “tienen relevancia todos los mecanismos que engrasan y facilitan el flujo global de recursos materiales y energéticos, como son los paraísos fiscales, pero también los tratados comerciales (llamados de ‘libre comercio’) que fomentan las inversiones y los flujos comerciales garantizando los intereses de las grandes firmas capitalistas y debilitando la capacidades de regulación de los estados nacionales”.
LOS PAPERS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), conocidas como los Panama Papers o los Paradise Papers, sobre el uso de los paraísos fiscales por parte de miles de empresas y particulares, ya mostraron cómo las compañías de recursos naturales y agroindustriales a menudo se aprovechan del secreto que proporciona la industria offshore para varios propósitos, incluyendo la evasión de impuestos.
Como ejemplo, en 2017, los medios colaboradores con el ICIJ Premiere Lignes en Francia y Poder360 en Brasil, publicaron, gracias a los Paradise Papers, que la empresa brasileña Amagi, comercializadora de granos, oleoginosas y sus derivados, y la multinacional suizo-francesa Louis Dreyfus crearon en 2009 una empresa conjunta para operar en Bahía y otras áreas de Brasil. Según la investigación, el verdadero propietario de la filial subsidiaria utilizada en las Islas Caimán era el actual Ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi.
Otro informe de ICIJ publicado en noviembre de 2017 encontró que un productor de pulpa y papel con sede en Singapur utilizó una red de compañías ficticias para evitar el pago de impuestos retenidos sobre los préstamos y para expandir sus operaciones en Indonesia, al tiempo que supuestamente contribuyó a la destrucción de la frágil selva tropical del país.
¿Y SI NO EXISTIERAN ESOS PARAÍSOS FISCALES?
Según la estimación de un informe elaborado por Amigos de la Tierra Internacional (ATI), con el dinero que los gobiernos pierden por culpa de la existencia de los paraísos fiscales, en los próximos 15 años se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables.
ATI estima que las inversiones adicionales requeridas para suministrarle a la mitad del mundo 100% de energías renovables ascenderían en promedio a 507.000 millones de dólares anuales en un período de 15 años. Esta cifra es muy inferior a las estimaciones de ingresos públicos perdidos a nivel mundial a través de los paraísos fiscales. Una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la pérdida de ingresos fiscales del conjunto de los Estados como consecuencia del fraude fiscal, sin tener en cuenta las operaciones en paraísos fiscales que gracias a las regulaciones internacionales y la ingeniería fiscal son legales, se elevaría a los 600.000 millones de dólares anuales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos estima que los países en desarrollo pierden cada año unos 200.000 millones de dólares debido a la evasión fiscal. Algunos cálculos, como la de los economistas Gabriel Zucman y Thomas Piketty, elevan esa cifra mucho más.
Uno de los autores principales del estudio de la Universidad de Estocolmo, Víctor Galaz, alertó, tras presentar el informe, de que es hora de “empezar a ver los costos ambientales de los paraísos fiscales y cómo los actores y los flujos financieros están dando forma al planeta de maneras muy profundas”. El Centro de Resiliencia ya ha anunciado que seguirá publicando nuevas fases de este estudio que abarcaran otros sectores, empresas y países.
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