INTRODUCCIÓN
Los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump han trabajado intensamente para debilitar y derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro utilizando todas las herramientas posibles, desde la tergiversación y manipulación de las leyes a través de los organismos internacionales, el desgaste económico a partir de sanciones para bloquear el comercio internacional del país, hasta la guerra sucia indirecta evidenciado en la contratación de paramilitares, infiltración de armas, creación de falsos expedientes, una fuerte campaña de propaganda negativa en los medios masivos de comunicación contra el gobierno y los reiterados intentos de asesinar al mandatario venezolano.
La conspiración de Estados Unidos y de los factores internos contra el proceso político bolivariano comenzó en el primer período del presidente Hugo Chávez. Pudieron ejecutar un golpe de Estado en el año 2002, realizar un paro petrolero y otros intentos de fuerza para derrocar al gobierno.
El complot ha sido continuo y ha redoblado sus malas intenciones en contra del presidente Nicolás Maduro desde que asumió su primer mandato en el año 2013.
¿Acaso Estados Unidos está utilizando a Venezuela como un laboratorio para experimentar con sus métodos coercitivos, para luego, utilizarlos contra otros gobiernos que no obedezcan a sus intereses?
Algunos analistas y expertos militares han llamado a esta persecución y hostigamiento contra el proceso político de Venezuela, "guerra de baja intensidad", donde se mezclan gran cantidad de elementos y hechos que se suceden paralelamente para desestabilizar, causar caos, descontento, debilitamiento y angustia psicológica entre los venezolanos.
Para ello utilizan combinadamente la propaganda en los medios de comunicación, el bloqueo y las sanciones comerciales y financieras, el chantaje a través de los organismos internacionales o los medios políticos para el soborno y la agresión.
El presidente Nicolás Maduro es quizás, dentro de la historia contemporánea, la figura presidencial más asediada y atacada.
A los enemigos no les ha sobrado herramientas para intentar derrocar su gobierno o asesinarlo. Desde el año 2015 (año que la oposición venezolana ganó las elecciones parlamentarias con amplia mayoría), apartando las brutales manifestaciones en Venezuela realizadas por la oposición en el año 2014, han quemado personas por "parecer" chavistas, por su color de piel, modo de vestir o por provenir de zonas populares.
Al menos, ocho hechos fundamentales de conspiración internacional (sin sumar la expulsión de Venezuela en el año 2017 de Mercosur) han buscado el derrocamiento del gobierno, destruir el proyecto político Bolivariano o debilitar las bases del Estado Venezolano.
CRONOLOGÍA DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES CONTRA VENEZUELA
1. El 9 de marzo de 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, (ampliando las sanciones emitidas por el Congreso de Estados Unidos del 10 de diciembre de 2014), firmó una orden ejecutiva en la que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos". En consecuencia, ordenó sanciones económicas y coercitivas contra el alto gobierno y en lo progresivo contra el conjunto del país.
Esta orden ejecutiva, año tras año, ha sido prorrogada por el gobierno de Barack Obama y por el gobierno de Donald Trump, representando un pretexto para sancionar y bloquear la economía de Venezuela y limitar el movimiento de los funcionarios del gobierno venezolano.
La orden ejecutiva emitida por Barack Obama en 2015 representa una agresión que socava el desarrollo y la paz de los venezolanos. Esta orden ejecutiva ha sido la base para ir ampliando las sanciones contra empresas y funcionarios venezolanos y el pretexto para interrumpir las transacciones, las negociaciones comerciales y financieras.
2. En diciembre del año 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la criptomoneda El Petro, al mismo tiempo que informaba en paralelo sobre la creación formal del Observatorio Blockchain de Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro declaró a los medios de comunicación: "Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. El Petro se va a llamar (...) esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país" (…), y estará respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante".
El 19 de marzo, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para prohibir a ciudadanos estadounidenses o personas en su territorio la adquisición o negociación de cualquier moneda digital o activo digital emitido por el Gobierno de Venezuela.
3. El 4 de agosto del año 2018, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sufrió un atentado terrorista al explotar cerca de la tarima presidencial dos drones cargados con explosivos. A pesar de que las imágenes fueron captadas por los medios de comunicación presentes, donde hubo heridos, afectación a viviendas y la detención de los autores materiales del hecho, muchos gobiernos tergiversaron y dudaron del atentado que pudo haber acabado con la vida del presidente venezolano y las altas autoridades presentes.
El referido atentado fue frustrado, por la oportuna acción de la Guardia de Honor presidencial al utilizar equipos inhibidores de señales que logró desorientar "a ambas unidades, lo que trajo como consecuencia que los explosivos se activaran fuera del perímetro planificado". Sin embargo, no pudo evitar que algunas personas en el acto no cayeran heridas y la afectación de una vivienda alcanzada por la explosión de uno de los drones.
The New York Times, el 8 de septiembre de 2018, reveló que el gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con exmilitares venezolanos para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, lo cual demuestra la vinculación con el atentado contra el presidente venezolano fue orquestado, y que esta no sería la única vez.
El medio de comunicación estadounidense CNN difundió un reportaje que probaría que un grupo de desertores del Ejército venezolano estuvo detrás del ataque con drones para asesinar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en agosto de 2018.
Días después de la revelación de CNN, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense se limitó a señalar a la cadena norteamericana que la política de su país es "apoyar una transición pacífica en Venezuela".
4. El 23 de enero de 2019, se suscitó un intento de usurpación de poderes públicos por parte del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, quién ante la presencia de algunos simpatizantes del partido Voluntad Popular, se autoproclamó presidente de la República Bolivariana de Venezuela, actuación que hizo recordar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, cuando Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal de Fedecámaras y opositor venezolano, se juramentó como presidente de Venezuela.
Minutos después de la autojuramentación el vice presidente, Mike Pence y el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconocieron a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela: "Hoy, estoy reconociendo oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. En su papel como la única rama legítima del gobierno debidamente electo por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución de su país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y, por tanto, vacante la presidencia", señaló Trump.
En ese mismo discurso, Donald Trump, manifestó abiertamente que usará "todo el poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr la restauración de la democracia en Venezuela" e invitó a otros gobiernos del continente a reconocer a Guaidó como presidente encargado.
5. Dentro de las medidas coercitivas impuestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, el 1 de febrero de 2019, Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, emitió una nueva orden la cual prohíbe negociar con los bonos de la República de Venezuela en territorio norteamericano y con ciudadanos de ese país.
La resolución señala que los papeles o bonos podrán seguir siendo comercializados "siempre que cualquier desinversión, facilitación de desinversión, transferencia o cualquier participación en dichos bonos", se realicen lejos del mercado norteamericano.
El presidente Donald Trump ya había firmado en agosto del 2017 una orden ejecutiva que "prohíbe negociaciones de deuda nueva emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal PDVSA. También prohibía las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela".
La nueva medida del mes de febrero de 2019, es un ajuste a la resolución emitida el 24 de agosto de 2017 y a otras resoluciones coercitivas en el ámbito económico y comercial para limitar negociaciones y entradas de divisas al Estado venezolano.
Más reciente y dentro de este marco ilegal de sanciones extraterritoriales de Estados Unidos contra Venezuela, que forman parte de una serie de "delitos de lesa humanidad", el Departamento del Tesoro dictó el 17 de abril de 2019, sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), que le impide obtener, transar o negociar con la divisa dólar o más específicamente como lo afirmara el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton: "destinadas a limitar las transacciones estadounidenses con este banco y cerrarle acceso a los dólares estadounidenses".
La medida, así como otras impuestas con anterioridad, limita el desarrollo social, educativo, económico y humano de todos los venezolanos.
6. El 23 de febrero de 2019, Estados Unidos intentó introducir desde Colombia una supuesta "ayuda humanitaria" sin consentimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sin la participación de la Organización de Naciones Unidas que tienen sus entidades para facilitar la entrega de “ayuda humanitaria” en concordancia con el país o países receptores.
Organizaciones de poca credibilidad como la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres colombiana, estaban encargadas de administrar, controlar y gestionar el funcionamiento del centro de acopio.
Al no poder introducir la "ayuda humanitaria" al territorio venezolano, los manifestantes optaron por quemar el contenido de los tres primeros camiones en la frontera del lado de Colombia.
Días posteriores al hecho, Estados Unidos convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el caso de Venezuela.
El 10 de abril de 2019, la administración Trump, por segunda ocasión consecutiva, volvió a tratar el asunto de Venezuela en una sesión del Consejo de Seguridad buscando imponer una resolución para intervenir en los asuntos internos de Venezuela o tal vez para ininiciar una agresión militar.
Ese mismo día, 10 de abril de 2019, el presidente Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, donde acordaron el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
7. El 07 de marzo de 2019, el gobierno venezolano informó sobre el ataque al sistema eléctrico de Venezuela, específicamente a El Guri, la principal planta generadora de energía, que dejó a todo el país sin electricidad por cinco días. El ataque se efectuó en tres fases: Un ataque cibernético al Sistema Automatizado de la Central Hidroeléctrica El Guri; otro ataque electromagnético con equipos móviles con frecuencias elevadas; y por último, un ataque físico contra subestaciones y estaciones eléctricas sensibles.
Situación que se repitió a finales de ese mes, con la introducción de virus informáticos en los sistemas computarizados que regulan el servicio eléctrico y varios ataques físicos utilizando armas de guerra a las líneas de transmisión.
Estas agresiones, de características multiformes, produjeron significativos niveles de destrucción de equipos e interrupción de procesos acoplados necesarios para la prestación constante del servicio.
Forbes, una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, afirmó que no solo era posible, sino que sí hubo un ataque cibernético contra el sistema eléctrico: "la idea de que un Estado nación extranjero manipule la red eléctrica de un adversario para forzar una transición gubernamental es muy real".
El 26 de marzo de 2019, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para defenderse de ataques u ocurrencias de eventos mediante pulsos electromagnéticos que tienen el potencial de interrumpir, degradar y dañar la tecnología y los sistemas de infraestructuras. Los pulsos electromagnéticos de origen humano o natural pueden afectar grandes áreas geográficas, alterando elementos críticos para la seguridad y la prosperidad económica de la nación, y podría afectar negativamente el comercio y la estabilidad mundial.
8. El 9 de abril de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó "sustituir" al representante legítimo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por un opositor propuesto por los Estados Unidos, aun sabiendo que el Consejo Permanente de la OEA no tiene autoridad para reconocer gobiernos, ni tiene el poder para elegir quien debe ocupar la membresía de un país dentro del organismo multilateral, ya que nadie puede imponer a un Estado el reconocimiento de otro Estado o gobierno. Ese es un derecho soberano intransferible.
La Carta de la OEA, en ninguno de sus artículos expresa que una autoridad nombrada por un gobierno soberano puede ser suplantada por decisión del Consejo Permanente o por "resolución" sometida a votación para ser aprobada por la mayoría de sus miembros. Esas figuras jurídicas no se encuentran recogidas o representadas, así como tampoco existe un artículo o documento para reconocer a un presidente "autoproclamado".
La acción coercitiva se une a todos los otros elementos de guerra de baja intensidad, que han estado experimentando para derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Felizmente llegó el día 27 de abril de 2019 y Venezuela dejó de pertenecer a ese organismo multilateral, procedimiento que había comenzado en el año 2017 con la denuncia a la Carta de la OEA.
CONCLUSIONES
La conspiración, los complots, el chantaje, el pillaje y las medidas de coerción de los Estados Unidos contra Venezuela en el ámbito económico, político, social, militar, tecnológico y de comunicación no pararán a corto plazo. Ellos han puesto sobre la mesa "todas las opciones", entre ellas, la militar.
La fortaleza del proceso revolucionario es la cohesión que existe entre el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno. Esta unión no se debe descuidar.
Los gobiernos de Estados Unidos, Europa y parte de América Latina, desconocen las fortalezas de unidad que existe hacia adentro de Venezuela, desconocen que existe una Fuerza Armada Nacional y una milicia (que es el pueblo en armas) que cohabitan y que conjuntamente desarrollan programas sociales para solucionar sus problemas a través de los consejos comunales, las grandes misiones y otros programas de asistencia social.
A diferencias de las políticas de gobiernos progresistas y de los gobiernos de derecha a nivel mundial, en Venezuela si existen políticas donde el propio pueblo las elabora, las controla y las ejecuta.
Los gobiernos del Comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, han hecho posible la visibilidad de un pueblo que estuvo sometido al olvido y a la marginalidad. Ese sector popular fue incluido en un todo social y participa en igualdad de condiciones en el desarrollo de los programas, políticas y acciones del gobierno o de las propuestas de las propias comunidades.
Ese pueblo, el que niega ver los gobiernos de Estados Unidos, Europa, América Latina y la propia burguesía venezolana, es el que mantiene un lazo de unión cívico-militar entorno al gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro.
Los medios de comunicación, los grupos de inteligencia policiales de Estados Unidos y Europa, los terratenientes y la burguesía de América, han buscado la manera de dividir esa unión cívico-militar, que ellos han llamado despectivamente "colectivos".
Han experimentado con todas sus herramientas para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, han querido propiciar una "guerra civil", han utilizado los medios de comunicación para crear matrices de opinión negativas para restarle credibilidad a la estructura del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han elaborado leyes y han dictado resoluciones extraterritoriales para injerir en los asuntos internos de Venezuela.
De igual forma, se han complotado dentro de los organismos internacionales para sancionar y agredir a Venezuela, han creado un gobierno paralelo dirigido desde el exterior han robado millones de activos de los venezolanos, han saboteado sus industrias de producción de petróleo, gas, minería, electricidad, agua, alimentos y medicinas, han provocado la migración de un importante sector profesional. Pero dentro de Venezuela, permanece incólume un sector del pueblo, resistiendo.
¿Quién no cree que en Venezuela está en desarrollo una guerra de nueva generación con armas sofisticadas, como la utilización de pulsos electromagnéticos para interrumpir el suministro de electricidad al país, la sustracción masiva de su moneda nacional, el bloqueo para la adquisición de materia prima para la producción de alimentos y medicinas, obstrucción para sus importaciones y exportaciones, el congelamiento de sus cuentas bancarias en el exterior, la infiltración de "mercenarios" para crear divisiones en la población, la compra de militares y diplomáticos para que generen matrices de opinión en los medios de comunicación?
Los elementos utilizados en esta guerra de cuarta generación se desarrollan en paralelo para crear caos, hacer vulnerable las estructuras del Estado y crear incertidumbre y descontento en la población.
Venezuela ha sufrido todos estos ataques y muchos aún están por superarse.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado alianzas y ayuda de gobiernos amigos para solucionar y sobreponerse a los continuos ataques, tanto en el ámbito económico, industrial, financiero, social, militar como diplomático.
Venezuela no necesita "ayuda humanitaria", Venezuela tiene los recursos y la infraestructura; lo que necesita es que liberen los recursos económicos bloqueados, congelados y robados. Necesita que Estados Unidos abandone las políticas de injerencia en los asuntos internos. Necesita que el Estado colombiano contribuya al control de su frontera para evitar la infiltración del paramilitarismo y el narcotráfico.
En Venezuela no hay "crisis humanitaria", como lo quieren hacer ver a través de los medios de comunicación, lo que existe son medidas coercitivas, bloqueo económico y financiero que impide el libre desarrollo de las políticas económicas y sociales del gobierno hacia el pueblo venezolano.
Venezuela no está dispuesto a aceptar injerencia extranjera ni va a caer en la provocación de generar una guerra civil. No quiere que en su territorio se repitan las experiencias vividas en Yugoslavia, Irak, Libia o Siria, donde aún no se cierran las heridas.
Los venezolanos saben que el camino, ante cualquier circunstancia adversa, es la paz.
Javier Alexander Roa es diplomático, escritor y poeta
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