La pandemia está mostrando más claramente que nunca que el sistema económico que domina el mundo es incompatible con el bienestar y calidad de vida de los pueblos. El hecho de anteponer los intereses particulares por encima del bien común nos ha llevado a toda una serie de calamidades -desde el cambio climático hasta las pandemias- en las que la propia supervivencia del ser humano se está viendo seriamente amenazada.
Un claro ejemplo de esta anteposición de los intereses particulares (especialmente de las grandes empresas, enfocadas en maximizar sus beneficios por encima de todo lo demás) sobre los generales está ocurriendo estos días en los que se ha iniciado la distribución de vacunas que puedan prevenir el contagio de coronavirus de millones de personas. Este proceso está mostrando, una vez más, cómo se están anteponiendo los intereses de unas grandes empresas (farmacéuticas, productoras de las vacunas en este caso) por encima de todos los demás. En realidad, la escasa producción de vacunas, que son insuficientes para inmunizar a toda la población mundial que lo requiere, provocará que millones de personas continúen muriendo cuando podrían sobrevivir si fueran vacunadas en los primeros meses. Y esto ocurre no solo a nivel mundial, sino incluso a nivel de los países donde se ubican las fábricas y laboratorios que están produciendo tales vacunas. Ni siquiera son suficientes para vacunar a toda la población norteamericana y europea, áreas donde están ubicadas tales empresas. En EEUU, por ejemplo, se calcula que todavía 110 millones de ciudadanos adultos no tendrán acceso a las vacunas hasta como mínimo finales del 2021. Y a nivel mundial, el director de la División en Globalización y Estrategias de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Sr. Richard Kozul-Wright, ha indicado que «está claro que los países en vías de desarrollo, y muy en especial los más pobres, no recibirán las vacunas en muchos años» («One Vaccine Side Effect: Global Economic Inequality», The New York Times, 25.12.20).
¿Por qué ocurre esto?
Gran parte del problema está basado en el copyright (el derecho de propiedad) de las vacunas por parte de las empresas que las producen. Tal derecho de propiedad es justificado por la industria farmacéutica porque esta necesita incentivos para desarrollar cualquier producto. Se argumenta que estas empresas, que han invertido en el desarrollo y producción de dichas vacunas, gastándose mucho dinero, tienen ahora que compensarlo otorgándose el derecho de monopolizar la producción y venta del producto –las vacunas–, lo que les permitirá pedir por ellas un precio superior al coste de producción durante el periodo en el que tengan el copyright (que puede llegar a alcanzar hasta veinte años). Ni que decir tiene que a este coste de producción se le añade, en el cálculo del precio, el beneficio empresarial (siendo tal industria una de las que obtiene mayores beneficios en el mundo desarrollado; de hecho, en EEUU sus beneficios están muy por encima del promedio de las cien empresas más rentables de aquel país).
Este argumento, que se utiliza por parte de la industria farmacéutica para justificar su derecho de propiedad, es también el argumento de los economistas neoliberales que, por definición, bajo la retórica de que favorecen las leyes del mercado, lo que están haciendo es defender los intereses del mundo empresarial a costa, precisamente, de reducir tales supuestas leyes del mercado.
Los datos ocultos e ignorados por los defensores del copyright sobre las empresas productoras de las vacunas contra el coronavirus
En realidad, en la producción de cualquier medicamento hay una primera parte, el desarrollo del conocimiento científico básico, que es imprescindible para desarrollar su aplicación práctica, esto es, la producción de dicho medicamento. Pues bien, gran parte de este conocimiento básico se produce en unas instituciones de investigación la mayoría de las cuales están financiadas con fondos públicos. Un ejemplo de ello es que las dos vacunas más conocidas, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, se desarrollaron a través del descubrimiento en 2016 de la proteína spike del coronavirus (que es el eje de las vacunas desarrolladas por ambas compañías), investigación desarrollada con fondos públicos a través de los NIH (National Institutes of Health), la agencia del gobierno federal de EEUU que se gasta 40 mil millones de dólares al año en investigación biomédica.
Pero la contribución de fondos públicos en el caso de la vacuna de Moderna ha ido mucho más allá. En realidad, el gobierno federal de EEUU ha financiado todo su desarrollo, incluidos sus componentes (hasta las pruebas médicas para evaluar su seguridad y eficacia). Todo, repito, pagado con fondos públicos. De ahí que economistas expertos en el análisis de la investigación farmacéutica, como Dean Baker, director de uno de los centros de investigación económica más conocidos de EEUU (el Center for Economic and Policy Research), cuestionen que se otorgue a la empresa Moderna el copyright de la vacuna, puesto que fue con dinero público que esta se produjo, y por lo tanto debería ser considerada un bien público, sin limitaciones en su producción y con un precio ampliamente asequible para toda la población estadounidense y del resto del mundo (ver Dean Baker, «Time to end patent monopolism», 21.12.20). El gobierno federal tiene la potestad para hacerlo, pues la situación de pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca que la determinación del bien común debería radicar en la voluntad popular, expresada no a través de las inexistentes o muy limitadas leyes del mercado, sino a través del proceso democrático. El hecho de que sea muy improbable que los Estados nieguen el derecho de copyright a Moderna se debe al excesivo poder que la industria farmacéutica tiene sobre los Estados. Es impensable que el presidente Trump lo hubiera hecho, y es muy poco probable que Biden lo haga ahora. La ayuda pública a Moderna, Pfizer-BioNTech y AtraZeneca ha sido de más de 11.000 millones de dólares, provenientes tanto de EEUU como de la UE.
La creciente protesta internacional ante esta situación
Esta realidad explica que varios países, como Sudáfrica y la India, hayan pedido a la Organización Mundial del Comercio que los derechos de propiedad de estas vacunas sean suspendidos, al menos mientras dure la pandemia, a fin de que se pueda producir en los mismos países en vías de desarrollo. Como señaló el consejero de la Misión Permanente en Sudáfrica para la Organización Mundial del Comercio, el Sr. Mustaqeem de Gama, «¿Hasta cuándo el objetivo de optimizar los beneficios empresariales dominará el comercio internacional? ¿Hasta cuándo el sacrosanto derecho de propiedad se mantendrá intacto a costa de millones de vidas en el mundo? Estamos viendo a los gobiernos tomar medidas limitando las libertades individuales en aras del bien común. ¿Hasta cuándo se atreverán a no intervenir en el sacrosanto poder de la propiedad intelectual?«. No se podría haber dicho mejor. En realidad, lo que hemos estado viendo es que los gobiernos han proporcionado todos los fondos, subsidiando a tal industria, la cual está anteponiendo su derecho particular al bien común al mantener el monopolio de la producción de las vacunas (garantizado por el copyright). Este sistema está llevando a la humanidad a un desastre.
Es cierto que Moderna ha indicado que está dispuesta a considerar algún tipo de colaboración con los países subdesarrollados durante el período de la pandemia, sin especificar, sin embargo, ni los términos de tal concesión ni el período de duración del acuerdo. Un tanto igual ocurre con la tercera vacuna, la de AstraZeneca, desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford (para la que se está negociando una producción en la India, con el Serum Institute). Por lo demás, ninguna empresa farmacéutica ha apoyado la propuesta de la OMS (firmada por 40 países) de que las industrias farmacéuticas productoras de vacunas trasladen información tecnológica y científica que pueda permitir la producción de esas vacunas en aquellos países. Mientras, las acciones de tales empresas se han disparado al conocerse el exitoso desarrollo de las vacunas, consiguiendo en cuestión de días 15 millones de dólares en el caso de AstraZeneca, y 5,6 millones en el caso de Pfizer.
Pero un movimiento de protesta en contra del excesivo poder de la industria farmacéutica está surgiendo a nivel internacional. En Estados Unidos en concreto, el citado economista Dean Baker ha propuesto que deberían ser las autoridades públicas y, muy en especial, en EEUU, la agencia federal de Salud y Sanidad (los NIH), las que deberían financiar no solo el conocimiento inicial básico, sino también el aplicado en el desarrollo de las vacunas, con lo cual el coste para el Estado federal sería mucho menor y este tendría mayor capacidad de influencia en la cantidad de producto que se tiene que fabricar para resolver el enorme problema creado por la pandemia. La promoción del conocimiento científico debe tener como primer objetivo el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de las poblaciones, objetivo que debe ser prioritario sobre cualquier otro, por muy legítimo que este pueda ser. El control de la pandemia debe ser el objetivo fundamental de cualquier autoridad, lo cual tiene todavía mayor importancia cuando es esta la que financia los instrumentos y medidas para poder hacerlo. Mantener el derecho de propiedad (copyright) a cualquier precio, como ocurre con las vacunas, es insostenible y debería considerarse inaceptable por parte de todos los Estados.
Vicenç Navarro. Profesor de Health and Social Policy en The School of Public Health y The Johns Hopkins University, Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra y Director del JHU-UPF Public Policy Center
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