Sobre a crise que se aproxima e as medidas económicas que se foram praticando
António Soy *

1/ Tu último artículo se titula 'Vuelve la crisis'. ¿Cuáles son los síntomas que así parecen indicarlo? 

En primer lugar, que en las principales economías del mundo, la deuda de las empresas ha aumentado mucho desde la Gran Recesión de 2008. Al mismo tiempo, ha habido una desaceleración del crecimiento económico global (en los EE. UU., en China y otros emergentes, en Alemania y la zona euro) que puede hacer que la deuda mencionada sea pronto una carga demasiado grande para las empresas, cosa que podría desencadenar sus quiebras. Como consecuencia, las instituciones financieras verían como aumentan sus préstamos morosos, cosa que podría provocar una nueva crisis crediticia porque estas instituciones se negarán a darse préstamos entre ellas.

Las reservas bancarias depositadas en los bancos centrales han tendido a aumentar, lo cual ha hecho disminuir el volumen de recursos del mercado interbancario (el que sirve para que los bancos se den préstamos uno al otro) y, por lo tanto, se han producido recientemente episodios de contracción monetaria y restricciones crediticias. Hace poco la Reserva Federal (FED) de los EE. UU. se vio obligada a inyectar más de 50 mil millones de dólares en el sistema bancario porque las instituciones financieras pudieran continuar dándose préstamos unas a las otras.

Así, del mismo modo que la deuda en el sector inmobiliario (hipotecas de riesgo elevado) desencadenaron la crisis de 2008, la deuda excesiva de las empresas -mediante préstamos apalancados por instituciones financieras que ya tienen mucha deuda- podría ser el chispazo financiero de una nueva recesión. Cada vez hay más voces en las grandes instituciones internacionales (p. e., el FMI), en los principales medios de comunicación de especialización económica y entre los académicos, especialmente keynesianos, de las teorías dominantes del pensamiento económico, que defienden que la economía mundial está atrapada en una "trampa de bajo crecimiento", que la recuperación de la depresión reciente ha estado más débil que después de la Gran Depresión de 1929 y que crece la amenaza del caos que produjo la Gran Recesión de 2008.

Unas voces que parecen reconocer que la flexibilización de la política monetaria por sí sola no es capaz de restaurar las tasas de crecimiento de la economía del período anterior a 2008. Creen que habría vuelto el momento de una combinación de políticas económicas más equilibrada, dando una mayor importancia a los estímulos fiscales de carácter keynesiano. Insisten en decir que el gasto público puede servir para compensar la inestabilidad inherente de la demanda privada. En el periodo 1950-1970 este fue el consenso político y coincidió con "la edad de oro" del capitalismo.

Aun así, como recuerdan los economistas marxistas (como el británico Michael Roberts) la llamada edad de oro llegó a su final por la disminución de la rentabilidad del capital a partir de finales de los años 60 del siglo pasado, y no porque se abandonaran las políticas keynesianas; a la inversa, estas se abandonaron porque se acabó la edad de oro. Por otro lado, en una economía capitalista la crisis no empieza con una disminución de la inversión, sino con una caída de la rentabilidad que es la que hace disminuir la inversión, la demanda efectiva global y el crecimiento económico.

De hecho, aunque las crisis puedan iniciarse por razones monetarias o crediticias (colapso financiero) o por disputas/"guerras" comerciales entre países, siempre tienen causas más profundas. Concretamente, la caída de la rentabilidad de las empresas -de su tasa de beneficios, o también de su volumen de beneficios- que hace disminuir las inversiones y, por lo tanto, la demanda efectiva global y el crecimiento de la economía. En un primer momento, algunas empresas pueden intentar contrarrestar esta caída de la rentabilidad con la especulación financiera, pero esto acabará haciendo más graves las dificultades monetarias y crediticias de las instituciones financieras y las mismas empresas. Y los datos más recientes, del FMI o de las 500 empresas del índice S&P 500, son de una clara disminución de las tasas de beneficio. Y las previsiones para el próximo futuro van en el mismo sentido.

Por lo tanto, los intentos para evitar una nueva depresión mediante las políticas fiscales no parece que puedan frenar ni revertir la caída de la rentabilidad, de los beneficios y de las inversiones. Y, si es así, no podrán evitar una nueva recesión.

2/ ¿Cómo crees que esta crisis podría afectar a la Unión Europea?

La economía mundial está muy globalizada. Estamos en la época del neoliberalismo capitalista globalizado. Por lo tanto, si las dos economías más importantes del mundo -los EE. UU. y China (que está creciendo al ritmo más lento de los últimos 30 años)- tienen problemas y se desacelera su crecimiento y los beneficios y la inversión están disminuyendo, esto afectará, sin duda, al resto de economías y también a las de la Unión Europea.

Si, además, la economía alemana, el principal motor de la economía europea, se encuentra cerca de la recesión económica (a pesar de que según el dato más reciente todavía no haya entrado en ella técnicamente) y su importantísima industria manufacturera presenta problemas económicos graves, es más que probable que todas las economías de la Unión Europea se vean afectadas por un menor crecimiento y por el peligro real de que se produzca una nueva recesión.

Todo esto en un contexto en que las economías emergentes más grandes están en crisis o estancadas y en diferentes economías poco desarrolladas hay disturbios y protestas contra las políticas de austeridad (Líbano, Ecuador, Chile, Irán por ejemplo).

3/ Has sido muy crítico con el diseño económico de la zona euro y en el 2013 publicaste "Salir del euro para salir de la crisis". ¿Qué se ha hecho mal en tu opinión?

Desde los años 50s a los 70s del siglo pasado, la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE) funcionó como una alianza, creada en el momento álgido de la guerra fría con el apoyo de los EE. UU., para hacer de contrapeso a la URSS y sus satélites. Después de las crisis de los 70s y principios de los 80s, empezaron las ampliaciones de la UE, llegó el acta Única Europea (1986) y, de forma muy importante, el Tratado de Maastricht (1992), en el mismo momento en que se producía el colapso de la URSS y sus satélites y la reunificación alemana. El Tratado de Maastricht es fundamental para la evolución del proyecto de la UE: apoya al mercado único europeo; se prevé la creación de la moneda única, el euro; se reafirman las "cuatro libertades de la UE" que ya figuraban en el Tratado de Roma (1957) -libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas- pero dándoles una interpretación explícita como derechos individuales y, por lo tanto, abriendo la puerta a que se utilizaran en contra de los intereses y las políticas colectivas.

La UE fue creando una abundante y abigarrada legislación cuya función última y esencial era la de promover el neoliberalismo. En este sentido, van jugado un papel fundamental la creación del euro y la Unión Económica y Monetaria (UEM), el Pacto de Crecimiento y Estabilidad para controlar y condicionar las políticas fiscales de los estados, y el principio de "proporcionalidad" según el que cualquier actuación de la UE se tiene que extender a todos los países que forman parte de la misma, siempre que sea necesaria para conseguir los objetivos previstos en los Tratados de la UE. La UEM dio preeminencia a los factores monetarios en el diseño de la estructura institucional del euro y, al mismo tiempo, estableció una dura disciplina fiscal en los estados miembros.

La institución fundamental de la UEM es el BCE, que no depende de ningún estado en particular, es el único que puede emitir euros, el único que podría cambiar el tipo de cambio del euro, el único que puede hacer política monetaria, el que proporciona liquidez a los bancos de la zona, pero es refractario, en principio, a adquirir deuda primaria de cualquier estado y tiene la obligación estatutaria de mantener la inflación de la zona euro por debajo del 2%. La creación del euro y del BCE, junto a la política de disciplina fiscal, fueron un paso decisivo en la transformación neoliberal de la UE, al contribuir de forma básica a la preeminencia del capital sobre -y en contra- del trabajo.

La gran crisis global (GCG) de 2007-2009 y la crisis de la zona euro (CZE) desde 2010 dejaron muy malograda la imagen de la UE. Ante la crisis, el objetivo principal pasó a ser la salvación de la moneda única, el euro. Y los costes de este rescate se impusieron fundamentalmente a los países más débiles de la UEM. Las políticas y las medidas implementadas fueron determinadas por los políticos profesionales y por los expertos tecnócratas que trabajaban para la Troica (UE, BCE, FMI), un "organismo" que no había elegido nadie y que tampoco tenía que dar cuentas a nadie. Se asistió a una "despolititzación" de las políticas económicas y sociales y, demasiado a menudo, se dejaron de lado las formas de la democracia. El déficit democrático fue acompañado de una progresiva pérdida de soberanía nacional (de los estados) y popular (de la ciudadanía) que reflejaban el cambio histórico a favor del capital y en contra del trabajo y las condiciones de los trabajadores.

Ningún estado tiene el euro como su propia moneda. Los estados europeos son los usuarios de la moneda (el euro), pero no son los emisores de la misma. Además, no se puede utilizar la política fiscal del Tesoro, que en Europa no existe en un sentido estricto. Esto tiene varias consecuencias, especialmente en los países periféricos de la zona euro. La primera es que si hay una recesión probablemente se producirá un círculo vicioso infernal: habrá un déficit público y una deuda pública cada vez más grande, de forma que habrá que buscar financiación a través del BCE y los mercados financieros, lo que aumentará los tipos de interés y las primas de riesgo, y esto significará mayores déficit público y deuda pública. La segunda es que, en ausencia de un Tesoro europeo (y su propia moneda) los Estados tienen que ser responsables de los problemas de sus sistemas financieros y esto puede crear dificultades de solvencia. Por lo tanto, el euro ha acabado convirtiéndose en un problema para las economías de la zona euro y en especial para los países periféricos, puesto que, no teniendo la facultad de emitir su propia moneda, se enfrentan al peligro de sufrir una crisis de solvencia y de que sus economías quiebren. El euro, que tenía que conducir a una unión política europea, ha llevado, de hecho, a la dependencia de los estados de la UEM respecto del BCE y de los mercados financieros privados para financiar su endeudamiento, sobre todo los periféricos.

Los problemas de la zona euro se correspondían con una crisis del sector exterior (balanza de pagos) y con una parada brusca ("sudden stop") de los movimientos de capital que llegaban del exterior hacia los países periféricos con el correspondiente aumento de la deuda, sobre todo privada, con el exterior. Por otro lado, las políticas de austeridad que estos países se vieron obligados a aplicar no solo agravaron el déficit con el exterior, sino también el déficit público y la deuda pública que son una consecuencia y no una causa de la crisis. Una moneda demasiado fuerte, como lo era el euro en los países periféricos a partir de 1999, produce déficits de la balanza por cuenta corriente y los correspondientes préstamos del exterior para financiarlos. Estos déficits exteriores estructurales estuvieron financiados por los países con superávit externo, especialmente Alemania que, gracias al tipo de cambio fijo que significa la existencia del euro, podía tener un mercado, el de la UE, donde vender la mayor parte de sus productos.

A la vez, tanto la clase media como la clase media/baja se endeudaron más y más (aprovechando la desregulación del sistema financiero y la política de bajos tipos de interés) para tratar de mantener sus niveles de ingreso, riqueza y consumo. Este endeudamiento explosivo animó las burbujas inmobiliaria y financiera, hasta que la deuda privada fue demasiado grande, se frenó totalmente el crédito, y esto hizo estallar las burbujas y la crisis llegó a las instituciones financieras, que también estaban muy endeudadas. Finalmente, todo ello impactó sobre la economía real que entró en un proceso de recesión, de disminución de la actividad económica y de aumento del paro.

Ante la crisis, la preocupación principal de la UE, mediante la Troica, fue la de evitar el colapso de la UEM y defender el euro como moneda de reserva internacional. Esto requería la protección de los intereses de los bancos, particularmente los de los países centrales, el endurecimiento del régimen de disciplina fiscal y el establecimiento de unas políticas de austeridad (recortes presupuestarios, disminución de los salarios y empeoramiento de las condiciones de trabajo, desregulación de los mercados y privatizaciones). Todo ello afectaba negativamente a los países periféricos y a las clases trabajadoras, autónomos y Pymes, es decir, a los que sufrían con más intensidad las consecuencias de la crisis.

Ante la crisis del euro y de la UEM ha habido diferentes reacciones. La de las élites y el statu quo económico y político (UE, BCE, la gran mayoría de gobiernos estatales, las élites económicas) que defienden enconadamente las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora como la mejor solución para superar la crisis, a pesar de que hayan producido situaciones tan dramáticas como la de Grecia, por ejemplo, y que como mucho plantean pequeñas reformas técnicas. La de los que piensan que hace falta una reforma (más o menos) a fondo de la UE y la UEM y que piden el fin de las políticas neoliberales y de austeridad, más democracia y representatividad formal, pero en el marco de que "otra Europa es posible", pidiendo más integración y más federalismo para poder luchar adecuadamente contra el neoliberalismo. Finalmente, la de los que piensan que "otra Europa no es posible", que no hay margen de reforma y que, a pesar de que la alternativa no es sencilla, lo que hace falta es recuperar, simultáneamente, la soberanía nacional/estatal y popular (de la ciudadanía), lo que lógicamente supondría el abandono del euro, de la UEM y de la UE.

La estructura y la maquinaria de la UE y la UEM, el peso inmenso de la pesada normativa comunitaria y el funcionamiento correspondiente de la "restricción externa" en los diferentes países dan lugar a un avance continuo del neoliberalismo en la UE, un monstruo transnacional con mucha fuerza y poder para imponer sus políticas neoliberales. La UE se ha convertido en una alianza jerárquica de estados nación que han creado las instituciones apropiadas para tener un mercado único y una moneda única (el euro) con el objetivo de promover el neoliberalismo. Es decir de recuperar el poder del capital sobre el trabajo (en definitiva, aumentar las tasas de beneficio y los beneficios que habían bajado durante la posguerra), mediante la reforma del mercado de trabajo (disminución de salarios y empeoramiento de las relaciones y condiciones de trabajo, desmontaje del estado del bienestar, desregulación de los mercados, especialmente el financiero, y privatizaciones). Y esto ha ido acompañado de un declive de la democracia y de una pérdida de soberanía nacional (de los estados nación) y popular (de la ciudadanía) para hacer las políticas que se decidan.

Los que dicen por un lado que el euro no es reformable y sostienen de la otra que no hay ninguna alternativa posible fuera del euro, están aceptando que la izquierda no puede tener ningún papel a jugar a Europa: es una posición políticamente suicida. Aun así, el horizonte de una revolución continental es hoy también una cosa complicada. El único ámbito en el que parece posible pensar un proyecto de transformación radical -con todas las dificultades y desafíos que supone- continúa siendo el ámbito nacional, a partir de la soberanía nacional y popular. Y este proyecto solo se puede plantear fuera de la arquitectura económica e institucional del euro y de la UE. Y, si no se toma la vía de la soberanía nacional y popular, la alternativa es la Europa de la devaluación interna y la austeridad que, como se ha visto en los últimos años, solo nos llevan hacia un declive económico, social y democrático irreversible.

4/ ¿Cómo podría afectar esta recaída en la recesión en España, sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas de un gobierno de coalición entre el PSOE y *Unidas Podemos?

España está muy integrada en el capitalismo neoliberal mundial y más particularmente en el de la Unión Europea. Con una gran dependencia de las exportaciones a los grandes países de la UE y del turismo que cada año llega sobre todo de estos mismos países. Por lo tanto, lo que pase a la economía mundial, y muy especialmente en la de la UE, afectará de forma muy importante a la economía española. Si la recesión y la crisis en el ámbito mundial se confirman en España también la habrá. Y lo que ha pasado hasta ahora es que del mismo modo que cuando la economía, mundial y europea crecen, en España lo hace algo más, y cuando en el ámbito mundial y europeo hay una crisis en España esta es normalmente más pronunciada.

¿Qué relación puede haber entre esta recesión y el posible gobierno de coalición entre PSOE y UP? Por lo que se conoce hasta ahora (los 10 puntos del preacuerdo) creo que no tendrá prácticamente ninguna. El PSOE, que es claramente quién lleva la iniciativa en este preacuerdo, ya hace tiempo que, al menos en el ámbito de las políticas económicas y sociales, ha adoptado las tesis del neoliberalismo capitalista, como una parte importante de los partidos europeos tradicionalmente socialdemócratas. Como otros muchos países europeos, la diferencia entre la derecha conservadora y la antigua "izquierda socialdemócrata", en cuanto a las políticas económicas y sociales, ya no existe. Unos y otros han adoptado, desde hace tiempos, las recetas del capitalismo neoliberal.

Y parece que ahora UP también "comprará", o al menos no se opondrá, a estas recetas. Si se analizan los puntos del preacuerdo (que es lo que se conoce de momento del pacto), y dejando de lado el punto 9 que hace referencia al conflicto entre Cataluña y España así como los puntos que están ausentes del preacuerdo, el punto realmente esencial, desde el punto de vista de la política económica, es el 10, que dice: "Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido *y duradero". O sea, la cuestión esencial será conseguir el equilibrio presupuestario mediante el control del gasto público tal como exige la Unión Europea y tal como España se comprometió a hacer cuando aprobó (de forma exprés y en pleno mes de agosto, y con un gobierno del PSOE) la modificación del artículo 135 de la constitución española. Es decir, continuarán las políticas de austeridad con la excusa de "nos obliga la UE".

La gran cuestión es, sobre todo desde el punto de vista de UP, ¿cómo se revertirán las políticas antisociales llevadas a cabo desde hace muchos años, si tiene de haber equilibrio presupuestario a partir del control del gasto público? ¿Cómo se creará ocupación, se combatirá la precariedad y se garantizará una ocupación digna, estable y de calidad, tal como se prevé en el punto 1 del preacuerdo? ¿Cómo se protegerán los servicios públicos tal como se prevé en el punto 2? ¿Cómo se luchará contra el cambio climático, como se prevé en el punto 3? Y podríamos seguir hasta el punto 8 del preacuerdo. En resumen, el equilibrio presupuestario a partir del control del gasto público, previsto en el punto 10, convierte en papel mojado una gran parte de las cosas que, en teoría, se prevén hacer en los puntos 1 al 8.

A no ser que guarden una carta escondida: justicia fiscal, las dos palabras que encabezan el punto 10 y de las que no se sabe nada. ¿Qué se quiere decir con estas dos palabras? ¿Qué se hará una reforma fiscal y una lucha contra el fraude y la evasión fiscales, para que los más ricos y los que más dinero ganan, las élites económicas y las grandes empresas, paguen más impuestos, mientras se congelan o se disminuyen los de la gran mayoría, las clases populares? Evidentemente, si se hiciera esto aumentaría la recaudación impositiva y el sector público dispondría de más recursos para hacer políticas económicas y sociales progresistas. Esto implicaría, pero, la voluntad y la capacidad de enfrentarse a las élites económicas y las grandes empresas españolas. ¿Está dispuesto y es capaz UP?. Está por ver. ¿Está dispuesto y es capaz el PSOE?. A partir de su actuación en los últimos años diría rotundamente que no. ¿Estará dispuesto y será capaz un gobierno de coalición PSOE-UP en el que tiene la iniciativa el PSOE? Diría que no.

5/ ¿Y en Cataluña?

En cuanto a la recesión, y teniendo en cuenta que la economía catalana (a pesar de los alarmismos suscitados, desde España y las élites económicas, sobre las consecuencias del conflicto Cataluña-España) mantiene unas cifras macroeconómicas un poco mejores que las españolas, las consecuencias en Cataluña no serían demasiado diferentes de las de España. De hecho, Cataluña tiene todavía una mayor integración en el capitalismo neoliberal global, mundial y europeo, por el que cualquier cambio en la economía mundial y europea podría tener efectos más inmediatos y quizás más profundos (dependiendo de los sectores quesean más afectados y teniendo en cuenta las diferencias en la estructura económica catalana respecto a la española). En cualquier caso, si hay una recesión, sin duda saldrá afectada.

Ahora bien, Cataluña se encuentra en una situación de sus finanzas públicas que afecta negativamente a su productividad y a sus posibilidades de crecimiento. En este sentido se tienen que mencionar diferentes aspectos importantes. Primero, el déficit fiscal continuado e histórico de Cataluña respecto a España. Segundo, los incumplimientos continuados de las inversiones estatales en Cataluña, en relación con su población, a su peso en el PIB y en las exportaciones españolas; así como el gap, negativo para Cataluña, entre las inversiones presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado y las inversiones realizadas realmente, incumpliendo repetidamente lo previsto en el Estatut. Tercero, el no cumplimiento del sistema de financiación que se preveía en el Estatut, incluso el "recortado", y la no actualización del sistema de financiación autonómica. Cuarto, la intervención financiera de la Generalitat, que empezó, de hecho, en 2012 con la "*Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", que concretaba el artículo 135 de la Constitución española después de su reforma en agosto de 2011 y con la implementación del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) como forma principal de financiación de las CCAA. Esta intervención se hace más importante a partir de septiembre de 2017, con una aplicación del artículo 155 de la CE por la puerta trasera, y continúa evidentemente con la aplicación real y efectiva del 155. Hoy esta intervención continúa estando vigente en un grado importante, con una aplicación de un 155 no oficial. Quinto, los recursos de los gobiernos españoles y las sentencias desfavorables del Tribunal Constitucional respecto a una serie de impuestos o tasas propios que ha intentado implementar la Generalitat para obtener más recursos financieros.

Aun así, en cuanto a los impuestos o tasas propios que la Generalitat quería implementar y que el gobierno español, vía Tribunal Constitucional no ha dejado, la primera cosa que hay que decir es que los recursos que se pueden conseguir con estos impuestos representan una parte muy pequeña del total de los ingresos de la Generalitat; y que, en muchos casos, las empresas que los tendrían que pagar los acabarían repercutiendo, directamente o indirectamente, en los consumidores, es decir, en la mayoría de la población (clases medias y populares). Y que para aumentar sustancialmente estos ingresos habría que actuar sobre algunos impuestos que afectaran realmente a las élites económicas (al 1% de los más ricos) y a las grandes empresas, por ejemplo el IRPF de las rentas más altas, el Patrimonio de los que más tienen, o a las grandes fortunas, o a las sucesiones y transmisiones patrimoniales de este 1% mencionado, o al impuesto sobre sociedades (ahora competencia exclusiva del estado), o luchar realmente contra el fraude y la evasión fiscal. Pero esto querría decir estar dispuesto a enfrentarse, a hacer frente a estas élites. Y a esto no han estado dispuestos los últimos gobiernos de la Generalitat, ni los de CiU, ni los de JxS, ni al parecer el actual gobierno de coalición entre JxC y ERC.

6/ Últimamente has criticado la llamada Ley Aragonés. ¿Por qué?

De hecho, su tramitación fue iniciada por el consejero Romeva en la pasada legislatura y ahora se pilota desde el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, donde se han traspasado las competencias. Estrictamente, estamos hablando del proyecto de ley de contratos de servicios a las personas (es decir, de la mayor parte de los servicios educativos y de formación, de los servicios de salud, de los servicios sociales y de la dependencia, de los servicios comunitarios o personales, o incluso del Servicio de Ocupación de Cataluña).

¿Cuáles son las razones que, según el vicepresidente Aragonés (o el ponente de la ley del grupo republicano), justifican y hacen necesaria esta ley? En primer lugar, hablan de la obligación de "desarrollar la directiva 2014/24/UE de la Unión Europea" o también de adecuarse a la "Ley de contratos del sector público" española. Pero esta obligación no existe. No hay ninguna obligación o ninguna necesidad que el Parlamento de Cataluña tenga que legislar sobre este tema. Es más, la directiva comunitaria mencionada solo señala, para la mayor parte de los servicios a que se hace referencia en el proyecto de ley, la posibilidad (que no la obligación o la necesidad) de regular el contrato cuando este exceda los 750.000 euros (artículo 4 d), artículo 74 y anexo 14). Un umbral que no existe en el proyecto de ley catalana.

Por otro lado, se insiste mucho en que el proyecto solo quiere establecer las condiciones de los contratos de las administraciones y que solo hace referencia a los servicios que ya se ofrecen externamente (o sea ya están privatizados) y que no tiene por qué suponer ninguna nueva privatización. Teniendo en cuenta que la mayor parte de estos servicios -que detalla muy minuciosamente el proyecto de ley- actualmente son ofrecidos directamente por las administraciones públicas, parece lícito preguntarse por qué se tiene que hacer una ley para regular los contratos de los servicios de estos servicios en el supuesto de que se privaticen, a no ser que haya una voluntad (o una necesidad) de privatizar unos cuántos.

Y los promotores defienden que dando un menor peso al precio a la hora de adjudicar el contrato y un mayor peso a la calidad o a las condiciones sociales y ambientales, automáticamente se promoverá que las Pymes, las cooperativas y las empresas de la economía social (ESS) tendrán más posibilidades de ganar los concursos. Se olvida que en una economía capitalista con una competencia despiadada, las grandes empresas extractivas (y sus filiales) tienen más recursos de todo tipo, y por tanto más posibilidades, de cumplir estos requisitos y de llevarse los contratos. Una cosa que la experiencia reciente ha demostrado de forma suficiente.

Por otro lado, no está de más recordar un par de cosas. En un informe especial, publicado el año pasado, el Tribunal de Cuentas Europeo analizaba una de las formas de privatización de servicios públicos, la cooperación pública-privada (Public-Private Partnership), y aunque se refería a un tipo de servicios diferentes de los del proyecto de ley, deducía unas conclusiones muy criticas, como se puede deducir ya solo a partir de su título: "Las cooperaciones públicas-privadas en la UE: múltiples insuficiencias y unas ventajas limitadas". Por otro lado, si nos fijamos en los datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) catalán, en 2018 casi el 87% de los encuestados consideraba que los servicios públicos son muy importantes y más del 42% consideraba que tienen la máxima importancia (10 sobre 10). Al mismo tiempo, casi el 28% de los encuestados consideraba que los servicios públicos gestionados privadamente funcionan peor que si son gestionados de forma pública y este porcentaje ha aumentado casi un 9% desde 2011, mientras que un 38% dice que funcionan igual y un 23% (casi un 8% menos que en 2011) que funcionan mejor.

¿Cuáles son, pues, las razones que pueden explicar el comportamiento en la aprobación de esta ley? Me atreveré a apuntar dos. En primer lugar, creo que hay una razón coyuntural: en una situación de 155 camuflado, muy especialmente en el ámbito de la financiación, las finanzas de la Generalitat han sufrido (y sufren) mucho y no se tiene claro cuando puede mejorar esta situación. En este contexto, una falsa "solución" para salir del callejón sin salida, aunque sea de forma provisional y coyuntural, es la de privatizar/ofrecer de forma externa ciertos servicios que actualmente se dan de forma pública. Que una vez privatizados ya será muy difícil que vuelvan a ser públicos. Y es posible que algunos ayuntamientos u otras entidades locales que también tengan problemas financieros se apunten, en lugar de, por ejemplo, mancomunar los servicios y mantenerlos como públicos.

En segundo lugar, creo que hay una razón más estructural, más estratégica, que va ligada a la ideología y a las opciones políticas que le corresponden. Me parece que actualmente ERC, que es quien toma la iniciativa en el gobierno de presentar este proyecto de ley, se mueve entre una socialdemocracia que piensa que es posible reformar el capitalismo de una forma naif e ingenua, y un social-liberalismo (creciente en la cúpula del partido) al que parece que ya le van bien las fórmulas de privatización (desnuda y cruda o en cooperación público-privada) de los servicios públicos.

Porque, la cuestión es que mantener, y mejorar obviamente, los servicios públicos requiere disponer de más recursos económicos para financiarlos. Y lo que parece más lógico, al menos desde un punto de vista de izquierdas, es que estos recursos salgan de subir los impuestos que pagan los más ricos (el 1%) y las grandes empresas y de implementar una lucha eficaz contra el fraude y la evasión fiscales, que hacen también principalmente los más ricos y las empresas mencionadas. Es decir, se requiere la voluntad política de enfrentarse con las élites económicas y sociales. Pero, lo que nos ha demostrado la experiencia de los últimos presupuestos de la Generalitat, pilotados por ERC y la colaboración de JxC, es que esta voluntad no ha existido (y nada hace pensar que esto tenga que cambiar próximamente).

7/ Inmediatamente después de la crisis vimos como aumentó el interés por la economía. Hoy que podríamos encontrarnos en las puertas de otra este interés parece haber menguado mucho. ¿Qué creéis que ha cambiado?

Es cierto que inmediatamente después de la crisis de 2008 hubo un aumento del interés por la economía. Los gobiernos y los bancos centrales se vieron obligados a intervenir para salvar algunas instituciones financieras e incluso las economías de algunos países. Y, en general, los medios de comunicación, la opinión pública y la mayoría de economistas y expertos se preocuparon y se habló más de las cuestiones económicas.

Aun así, no tenemos que olvidar que, poco antes de la crisis, cuando la economía iba bien, al menos aparentemente, los empresarios y los directivos empresariales se dedicaban a hacer grandes cantidades de beneficios, una parte importante de la gente intentaba vivir lo mejor posible, incluso "peligrosamente", por ejemplo endeudándose por encima de sus posibilidades con hipotecas demasiadas arriesgadas que, por otro lado, las instituciones financieras concedían de forma demasiado osada y con unos riesgos excesivos. Por otro lado, la mayor parte de los economistas ortodoxos y de los medios económicos de referencia "compraron" sin dudarlo la teoría de la "gran moderación" según la cual, gracias sobre todo al sistema financiero, se había acabado para siempre la volatilidad económica y ya no habría más ciclos y crisis económicas. Todo esto saltó por los aires con la quiebra de Lehman Brothers, el pánico financiero de finales de 2007 y la crisis de 2008.

De hecho, si actuáramos con una lógica racional, las empresas, la gente en general y los gobiernos y los políticos en particular, tendríamos que aprovechar los momentos en que la economía va bien y, por lo tanto, tanto los agentes económicos como los gobiernos disponen de más recursos económicos, para hacer las reformas económicas que tanto las empresas como los países necesitan. Pero en lugar de esto, cuando las cosas van bien, todo el mundo intenta aprovecharse al máximo de la situación: los empresarios intentan hacer el máximo de beneficios, la gente intenta vivir lo mejor posible y los gobiernos intentan aprovechar la situación para consolidarse e intentar ser reelegidos en el futuro. Nadie se acuerda de que sería el momento más apropiado para hacer las reformas necesarias.

Y cuando llegan las crisis, que inevitablemente llegan, no hay los recursos económicos y financieros necesarios para hacer las reformas que hacían falta y de una forma adecuada. Y entonces se aplican políticas para paliar la situación, no para solucionarla, como por ejemplo políticas de austeridad (reducción de salarios, recortes de servicios públicos), las llamadas "reformas estructurales", especialmente las del mercado de trabajo que empeoran las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, de las clases populares.

Esta es la lógica del capitalismo neoliberal globalizado que intenta imponerse en todos los países del mundo. Y cuando hay algún país que intenta romper esta dinámica se encuentra con muchos problemas: boicots, sabotajes o golpes de estado. El objetivo es siempre el de restablecer la lógica del neoliberalismo.

(La entrevista la realizó Àngel Ferrero)

Antoni Soy 

catedrático de economía aplicada de la Universidad de Barcelona. Fue vicepresidente de la Federación de Municipios de Cataluña. De 2006 a 2011, cuando militaba en ERC, fue Secretario de Industria y Empresa de la Generalitat de Cataluña