Tribuna viento sur
Pobreza laboral y degradación del empleo
| Mikel de la Fuente
El riesgo de pobreza y/o exclusión social se mide en la Unión Europea a través del indicador AROPE. Según este indicador una persona está en situación AROPE cuando cumpla al menos uno de los siguientes tres criterios: 1. Estar en Riesgo de Pobreza, lo que se produce cuando viva en un hogar con una renta inferior al umbral de pobreza, que se define como el valor que corresponde al 60% de la mediana del ingreso estatal equivalente. 2. Estar en situación de Privación Material Severa: cuando no viva en un hogar que no disponga de al menos cuatro de nueve conceptos de consumo básico. 3. Vivir en hogar con baja intensidad de trabajo, que se mide como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros del hogar y el número de meses que podrían trabajar teóricamente como máximo todas las personas en edad de trabajar.
Según el VII informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016, en el Estado Español ese riesgo abarcaba en 2016 al 27,9% de la población total (12,9 millones de personas), siendo la tasa más alta la correspondiente al grupo de personas adultas jóvenes, de 16 a 29 años, con un 37,60%. Según el INE en el 2015 el 58,0 de las mujeres y el 70,4 de los hombres en paro se encontraban en esa situación de riesgo. En hombres, el porcentaje más alto en el año 2015 corresponde a los hombres parados (70,4%) y el segundo lugar a los hombres inactivos (46,1%). Según un informe del Observatorio Empresarial contra la Pobreza de enero de 2017, el riesgo de pobreza alcanza el 60% entre los jóvenes desempleados. El desempleo, especialmente el de larga duración (más de un año en paro), se mantiene en el elevadísimo porcentaje del 58% en el segundo trimestre de este año, siendo llamativo un porcentaje superior y en aumento, del 65%, en una Comunidad Autónoma “rica”, como la del País Vasco. El 40,7% de las personas paradas, 1,59 millones, llevan desempleadas más de 24 meses, seis veces más que en 2008.
El elevadísimo desempleo, que según el mismo Banco de España, incluso con crecimientos importantes del PIB seguirá siendo superior en el 60% a la media europea en el 2019, y las “reformas” laborales que han aumentado el poder empresarial para contratar, despedir, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, privilegiado la negociación colectiva de empresa en detrimento de la sectorial, las dobles escalas salariales, etc., han impulsado la caída de los salarios. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE del año 2015, hecha pública en junio de 2017, durante el período 2010-2015 el salario más frecuente pasó de 16 489 a 16 498 euros/año, mientras que en ese período la inflación aumentó el 8,7%, lo que supone un importante retroceso del salario real. Por otra parte, según la misma Encuesta el salario más frecuente ha sido en ese período 6608 euros inferior al salario medio, lo que muestra que la mayoría de las personas que trabajan se sitúan en los estratos de menores retribuciones 1/.
En las últimas décadas está apareciendo con fuerza el fenómeno de los trabajadores pobres (working poor), los que se consideran en el primer criterio de AROPE. La delimitación de pobreza laboral combina dos niveles de análisis: el estatus en relación con el trabajo de las personas individuales, conforme al cual se clasifica a la población entre “trabajadora” y “no trabajadora” y el de la renta de los hogares en el que viven las personas, conforme a la cual se clasifican como “pobres” o “no pobres”. El bajo salario se establece en relación con el salario mediano de la economía 2/. Para las Estadísticas de la Unión Europea sobre renta y condiciones de vida (EU-SILC) la definición de pobreza en el trabajo (“in-work poverty”) incorpora dos elementos: el status en relación con el trabajo de las personas individuales y el de renta de los hogares en la que viven. Según las reglas de la UE, working poors son aquellas personas que están empleadas, por cuenta ajena o por cuenta propia al menos siete meses al año, y cuyos ingresos, ajustados conforme al número de miembros del hogar y su composición, son inferiores al 60% de la mediana estatal. En las últimas décadas, en paralelo al desarrollo de las políticas neoliberales, el fenómeno de los trabajadores pobres (working poor) se ha convertido en un dato estructural en la generalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Se constata que los working poors hacen frente a más problemas sociales que el conjunto de la población, ya que la pobreza laboral se encuentra asociada con niveles más bajos de bienestar subjetivo, tienen importantes problemas para acceder a un alojamiento adecuado y mantienen relaciones deficientes con otras personas y sentimientos de exclusión social.
El empleo reduce el riesgo de pobreza, pero de ninguna forma lo elimina. El desempleo puede ser reducido –o contenido-, por la multiplicación de empleos precarios: a tiempo parcial, eventuales, de duración determinada, etc. La crisis ha acentuado las tendencias a la segmentación del mercado de trabajo entre “los pequeños currelos” y los empleos cualificados y bien remunerados, lo que constituye una razón suplementaria para considerar que la tasa de desempleo no es un indicador suficiente para apreciar la situación del mercado de trabajo 3/.
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de vida y de Trabajo (Eurofound), Agencia de la Unión Europea (UE) , publicó en el 2010 un informe sobre la pobreza laboral en los Estados miembros de la UE, conforme al cual en el año 2007 el Estado español era el tercer país con tasa de pobreza laboral más elevada (el 11%), tras Grecia y Polonia. En el 2017 ha realizado un nuevo informe sobre el tema que recoge el impacto de la crisis de 2008 4/. En el mismo se recogen las últimas estadísticas de Eurostat, conforme a las cuales el 9,6% de la gente trabajadora de la UE se encuentra en riesgo de pobreza, frente al 8% del 2007. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del proporción de trabajadores en riesgo de pobreza de los Estados miembros entre 2007 y 2014.
Gráfico nº 1 Proporción de trabajadores en riesgo de pobreza (%), por Estados miembros, 2007 y 2014
Fuente: Eurofound 2017
El Estado español ocupa el tercer lugar, tanto en el 2007 como en el 2014, en el ranking de los Estados con mayores índices de pobreza laboral, tras Rumanía y Grecia. Además, el indicador de privación material severa, que a diferencia del anterior se ve mucho menos afectado por las variaciones macroeconómicas, entre otras en los ingresos medios, también ha aumentado en 5,3 puntos entre esos años.
Razones del aumento de la pobreza laboral
Entre los factores explicativos de ese aumento un papel destacado consiste en el desarrollo de los llamados contratos laborales “atípicos” o no estándar, es decir, diferentes del contrato indefinido a jornada completa. Estos contratos se desarrollan especialmente entre los bajos salarios, que son los que han experimentado de forma más intensa el ajuste salarial, además de haber sufrido la mayor reducción de empleo. El aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial ha incrementado el número de personas de bajos ingresos, especialmente mujeres y jóvenes y, frecuentemente, esos trabajos no suponen un paso hacia mejores empleos. Algunos analistas de la OCDE, con el argumento de suprimir obstáculos desde el lado de la demanda de los jóvenes, han propuesto reducir sus salarios directos e indirectos, mediante la instauración de un sub-salario mínimo para ellos, la reducción de las cotizaciones sociales aplicables y la puesta en práctica de contratos de aprendizaje con salario inferior al salario mínimo por el “compromiso de formación” que implican (en muchos casos, teórico). Sin embargo, análisis de la misma OCDE constataban que el trabajo a tiempo parcial y el temporal, se caracterizan por desigualdades salariales más pronunciadas (superiores a la mitad en Holanda y en los países nórdicos) y, de hecho, han contribuido al crecimiento de las desigualdades en los países (entre ellos el Estado español) 5/. En el siguiente cuadro se puede apreciar como la proporción del riesgo de pobreza es más elevado en esas modalidades contractuales.
Gráfico nº 2 Proporción de trabajadores en riesgo de pobreza, por tipo de contrato UE 2014
Fuente: Eurofound 2017
Aunque la actual tasa de temporalidad, de casi el 27%, es inferior a la de 2008, justamente por el despido masivo de los contratos temporales, ha aumentado en el último año. Según la EPA los contratos indefinidos han aumentado en el segundo trimestre de 2017 en 93 600, mientras que los contratos temporales lo han hecho en 255 900. En los años de la crisis ha tenido lugar un uso cada vez mayor de los contratos de corta duración: la duración media de los contratos es de 55 días, el 25% de los contratos son de una duración inferior a una semana y se realizan especialmente con personas de bajo nivel educativo. En algunas comunidades autónomas el peso de la temporalidad es aún más elevada: según un informe de la UGT, en Galicia el 34’7% de los contratos temporales en 2016 fue de menos de siete días, siete puntos por encima de la media del Estado y un cinco por ciento más que en 2012. El aumento del número de contratos temporales de duración muy reducida entre los jóvenes reduce su probabilidad de acceder a contratos indefinidos 6/.
El aumento de los períodos sin trabajo debido a la creciente rotación laboral derivada de los contratos cada vez más cortos y los salarios inferiores de los nuevos empleos han dado lugar a que los salarios de la gente con contrato temporal hayan sufrido una reducción salarial durante la crisis del doble de quienes tenían contrato indefinido. Los trabajadores estables, entendiendo por tales quienes se mantuvieron en el empleo entre 2008 y 2013 experimentaron una reducción de salarios del 1,6% entre 2008 y 2013, mientras que los inestables, es decir, quienes cambiaron de empleo, en la mayoría de los casos alternando el empleo con el desempleo, cayeron un 17% en el mismo período. En términos de poder adquisitivo, los primeros perdieron el 10,4% pero los inestables llegaron hasta el 25,8% 7/.
En el Estado Español el tiempo parcial alcanza al 15,26 % de las personas asalariadas en el segundo trimestre de 2017 y se está concentrando en empresas de mayor tamaño. Este trabajo se distribuye desigualmente entre los dos sexos: el 72 % de los contratos a tiempo parcial corresponde a las mujeres y un porcentaje muy importante de los nuevos contratos son a tiempo parcial. El tiempo parcial va unido, de forma muy mayoritaria, a los bajos salarios. En efecto, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre de 2017, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,12 euros por hora (15,52 euros/hora de media para el tiempo completo frente a 10,40 para el tiempo parcial) y está en aumento en los últimos años. La parcialidad afecta especialmente a los jóvenes: los salarios de los contratos de los jóvenes menores de 26 años que entraron en el mercado laboral en 2015 eran un 14,4% inferiores a los que recogían estos mismos contratos en 2008 y esa menor retribución de los contratos de entrada se debe principalmente al mayor peso del tiempo parcial. En el siguiente gráfico se puede observar la gran distancia en el riesgo de pobreza laboral entre quienes trabajan a tiempo completo y lo hacen a tiempo parcial, con notables diferencias entre los Estados donde la diferencia es menor, por el mejor trato, legal y convenido colectivamente, al tiempo parcial, entre otros, Holanda, Austria y Luxemburgo, frente a otros Estados, como el español, con proporciones cuatro o cinco veces superiores en el riesgo de pobreza.
Gráfico nº3 Proporción de trabajadores en riesgo de pobreza (%), para el tiempo completo y el parcial en Estados miembros EU, 2014
# Empleados a tiempo completo #Empleados a tiempo parcial
Fuente: Eurofound 2017
La devaluación salarial ha afectado especialmente a las personas que ya con anterioridad a la crisis cobraban los salarios más bajos; según datos de la EPA, la caída salarial media fue del 3,0% entre 2009 y 2013, pero en el decil de los ingresos más bajos, que comprende a la gente más precaria (a tiempo parcial, con contratos temporales, con escasa antigüedad en la empresa) alcanzó el 16,4% 8/.
Según la última EPA de 2016, la principal razón del trabajo a tiempo parcial es la de no poder acceder a uno a tiempo completo, involuntariedad que ha aumentado desde el 35% de 2008 hasta una media de más del 65% en el 2017. El Estado español, junto a Eslovenia, es el país de la OCDE donde más ha aumentado esa involuntariedad entre 2000 y 2015, junto a Eslovenia. El porcentaje es mayor en casi diez puntos entre los hombres (66%) que entre las mujeres (58%), Esta diferencia se explica por la dedicación muy mayoritaria de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados: mientras que la segunda razón de los hombres para tener un trabajo a tiempo parcial es la compatibilización con los estudios y solo un 3% para realizar actividades de cuidado, los porcentajes respectivos de las mujeres son del 4,2% y casi el 20%.
Los trabajadores autónomos o por cuenta propia sin empleados (“autoempleados” en la terminología del informe de Eurofound) sufren tasas de pobreza superiores a los trabajadores por cuenta ajena en la mayoría de los Estados miembros, entre ellos el Estado español. Esta situación, que permite desmitificar las loas al “emprendedurismo”, se debe a la necesidad de una parte de la gente parada de obtener ingresos, para las que se establecen en sectores a los que pueden acceder sin disponer previamente de capitales propios importantes, como la hostelería o el comercio entre otros, muy saturados, y de los que obtienen ingresos muy bajos, cuando no se ven obligados al cierre por no poder pagar los alquileres. En otros casos, su relación jurídica como trabajadores por cuenta propia esconde que trabajan para empresas de forma exclusiva o muy mayoritaria, pero si eso si asumiendo los costes fiscales y de seguridad social. La movilización de los trabajadores de Telefónica-Movistar en los últimos años en exigencia de acabar con la cesión ilegal, las subcontratas y los falsos autónomos ha sido un ejemplo de las prácticas en esta materia de las grandes empresas y ha probado que la lucha permite hacer retroceder las formas más retrógradas de deterioro laboral.
Desigualdad y trabajadores pobres
La otra cara de la pobreza laboral es el aumento de la riqueza y la desigualdad. Sólo entre 2015 y 2016 el número de los millonarios (cuyo patrimonio supera el millón de dólares) se ha incrementado en siete mil en el Estado español, pasando a 338 mil (Global Wealth Databook 2016) y desde inicio de la crisis en el 60%. Su riqueza se aproxima a los 500 000 millones de euros. Según la Oficina de Estudios de Investigación Económica de Estados Unidos, entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles está en paraísos fiscales, lo que supone que aproximadamente 140.000 millones de euros (más del 12% del PIB) no tributan.
En los años de recesión, la brecha salarial entre directivos del conjunto de las empresas y el resto de los trabajadores se ha multiplicado por diez y la relación entre el salario de los dirigentes y el del resto de los trabajadores que era, de media, de 3,2 en el 2010, es de 3,5 en el 2017. Obviamente, la diferencia es muchísimo más elevada entre las empresas del IBEX 35, cuyos consejeros cobran 116 veces el salario medio de sus trabajadores.
Pobreza, protección por desempleo y salario mínimo
Las prestaciones de desempleo cubren de forma muy insuficiente las situaciones de desempleo, especialmente desde la reforma de 2012, que ha dado lugar a que el número de beneficiarios se reduzca continuamente. En el primer trimestre de 2017 el total de la cobertura de las prestaciones era el 54,9%, frente a un 79,9% del 2010, es decir, que el 45% de las personas paradas no tiene ningún tipo de protección por desempleo. Las llamadas prestaciones contributivas cubren a una parte reducida de los perceptores (el 37%), ya que su duración máxima de dos años ha dado lugar a la desprotección de quienes no han encontrado empleo (o lo ha sido de duración muy corta) tras haber finalizado el cobro de las mismas. Las muy prestaciones asistenciales, que son percibidas por el 63% de los beneficiarios son de muy escasa cuantía (en casi todos los casos se limita a 430,27 euros mes) y duración. Una de sus variantes más importantes, el subsidio de los mayores de 52 años sufrió un empeoramiento radical en el 2013.
Las rentas mínimas de inserción que conceden las comunidades autónomas suponen la única vía de garantía de rentas de las personas paradas que no tienen acceso a las prestaciones por desempleo (el citado 45%) y de las que tengan ingresos laborales de muy baja cuantía. La generalización de los bajos salarios contribuye a desincentivar el acceso al mercado de trabajo de las personas inactivas y de perceptores de las rentas mínimas, en los casos en que éstas concedan prestaciones de cierta cobertura y cuantía 9/, es decir, fundamentalmente la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Catalunya, que ha mejorado sustancialmente sus prestaciones desde la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en julio de 2017 10/. Ello da lugar a un cambio en el perfil de los perceptores de la prestación, en el sentido de aumentar el porcentaje de quienes perciben la misma como complemento a los bajos salarios, a pesar de que las comunidades autónomas tienen dificultades para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales por la presión de la Unión Europea, asumida gustosamente por el gobierno español, para la contención de los déficits públicos. La solución de esta problemática exige una elevación sustancial del salario mínimo, en línea con las reivindicaciones de los sindicatos vascos ELA y LAB de fijación del mismo en una cuantía de 1.200 euros mensuales 11/.
Notas:
1/ Datos señalados en Cristóbal Molina Navarrete, “Productividad, trabajo y pobreza: “trío” posible pero insostenible”, RTSS-CEF, nº 415, 2017, p. 8. El autor señala que “la creciente desigualdad retributiva entre la población trabajadora es claro síntoma del desajuste productivo”.
2/ Mari Luz de la Cal, La pobreza laboral, Hegoa- Boletín de recursos de información, nº 40, 2014, disponible en http://boletin.hegoa.ehu.es/mail/33
3/ Michel Husson,”Les multiples empreintes de la crise en Europe” , Chronique international de l’IRES, nº 156, 2016, 172-187.
4/ Eurofound, In-work poverty in the EU, disponible en https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/in-work-poverty-in-the-eu.
5/ Mª Luz de la Cal y Mikel de la Fuente, “La Garantía de Rentas Mínimas en el Estado español. Especial Referencia al Caso de la RGI Vasca”, http://www.vientosur.info/spip.php?article10811, 2015.
6/ Marcel Jansen, “Precariedad 2.0”, Blog Nada es gratis, 22-9-2017.
7/ El detalle se puede ver en Fernández Kranz, “Ingresos salariales en España durante la crisis económica: ¿ha sido efectiva la reforma de 2012?”, Cuadernos de Información Económica, nº 246, 2015.
8/ CC.OO, Análisis gráfico de la devaluación salarial en España, 2015.
9/ Tal y como apuntaba hace ya unos años Joseba Zalacain, “Trabajo, trabajadores pobres e inserción social”, Documentación Social, nº 143, 2006.
10/ Su proceso de surgimiento social y parlamentario y su contenido puede verse en Diosdado Toledano, “La larga marcha de la renta garantizada de ciudadanía”, http://vientosur.info/spip.php?article12942
11/ Sobre el salario mínimo, véase mi artículo “SMI: la nueva estafa del PP-PSOE”, http://www.vientosur.info/spip.php?article12125
Según el VII informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016, en el Estado Español ese riesgo abarcaba en 2016 al 27,9% de la población total (12,9 millones de personas), siendo la tasa más alta la correspondiente al grupo de personas adultas jóvenes, de 16 a 29 años, con un 37,60%. Según el INE en el 2015 el 58,0 de las mujeres y el 70,4 de los hombres en paro se encontraban en esa situación de riesgo. En hombres, el porcentaje más alto en el año 2015 corresponde a los hombres parados (70,4%) y el segundo lugar a los hombres inactivos (46,1%). Según un informe del Observatorio Empresarial contra la Pobreza de enero de 2017, el riesgo de pobreza alcanza el 60% entre los jóvenes desempleados. El desempleo, especialmente el de larga duración (más de un año en paro), se mantiene en el elevadísimo porcentaje del 58% en el segundo trimestre de este año, siendo llamativo un porcentaje superior y en aumento, del 65%, en una Comunidad Autónoma “rica”, como la del País Vasco. El 40,7% de las personas paradas, 1,59 millones, llevan desempleadas más de 24 meses, seis veces más que en 2008.
El elevadísimo desempleo, que según el mismo Banco de España, incluso con crecimientos importantes del PIB seguirá siendo superior en el 60% a la media europea en el 2019, y las “reformas” laborales que han aumentado el poder empresarial para contratar, despedir, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, privilegiado la negociación colectiva de empresa en detrimento de la sectorial, las dobles escalas salariales, etc., han impulsado la caída de los salarios. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE del año 2015, hecha pública en junio de 2017, durante el período 2010-2015 el salario más frecuente pasó de 16 489 a 16 498 euros/año, mientras que en ese período la inflación aumentó el 8,7%, lo que supone un importante retroceso del salario real. Por otra parte, según la misma Encuesta el salario más frecuente ha sido en ese período 6608 euros inferior al salario medio, lo que muestra que la mayoría de las personas que trabajan se sitúan en los estratos de menores retribuciones 1/.
En las últimas décadas está apareciendo con fuerza el fenómeno de los trabajadores pobres (working poor), los que se consideran en el primer criterio de AROPE. La delimitación de pobreza laboral combina dos niveles de análisis: el estatus en relación con el trabajo de las personas individuales, conforme al cual se clasifica a la población entre “trabajadora” y “no trabajadora” y el de la renta de los hogares en el que viven las personas, conforme a la cual se clasifican como “pobres” o “no pobres”. El bajo salario se establece en relación con el salario mediano de la economía 2/. Para las Estadísticas de la Unión Europea sobre renta y condiciones de vida (EU-SILC) la definición de pobreza en el trabajo (“in-work poverty”) incorpora dos elementos: el status en relación con el trabajo de las personas individuales y el de renta de los hogares en la que viven. Según las reglas de la UE, working poors son aquellas personas que están empleadas, por cuenta ajena o por cuenta propia al menos siete meses al año, y cuyos ingresos, ajustados conforme al número de miembros del hogar y su composición, son inferiores al 60% de la mediana estatal. En las últimas décadas, en paralelo al desarrollo de las políticas neoliberales, el fenómeno de los trabajadores pobres (working poor) se ha convertido en un dato estructural en la generalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Se constata que los working poors hacen frente a más problemas sociales que el conjunto de la población, ya que la pobreza laboral se encuentra asociada con niveles más bajos de bienestar subjetivo, tienen importantes problemas para acceder a un alojamiento adecuado y mantienen relaciones deficientes con otras personas y sentimientos de exclusión social.
El empleo reduce el riesgo de pobreza, pero de ninguna forma lo elimina. El desempleo puede ser reducido –o contenido-, por la multiplicación de empleos precarios: a tiempo parcial, eventuales, de duración determinada, etc. La crisis ha acentuado las tendencias a la segmentación del mercado de trabajo entre “los pequeños currelos” y los empleos cualificados y bien remunerados, lo que constituye una razón suplementaria para considerar que la tasa de desempleo no es un indicador suficiente para apreciar la situación del mercado de trabajo 3/.
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de vida y de Trabajo (Eurofound), Agencia de la Unión Europea (UE) , publicó en el 2010 un informe sobre la pobreza laboral en los Estados miembros de la UE, conforme al cual en el año 2007 el Estado español era el tercer país con tasa de pobreza laboral más elevada (el 11%), tras Grecia y Polonia. En el 2017 ha realizado un nuevo informe sobre el tema que recoge el impacto de la crisis de 2008 4/. En el mismo se recogen las últimas estadísticas de Eurostat, conforme a las cuales el 9,6% de la gente trabajadora de la UE se encuentra en riesgo de pobreza, frente al 8% del 2007. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del proporción de trabajadores en riesgo de pobreza de los Estados miembros entre 2007 y 2014.
Gráfico nº 1 Proporción de trabajadores en riesgo de pobreza (%), por Estados miembros, 2007 y 2014
Fuente: Eurofound 2017
El Estado español ocupa el tercer lugar, tanto en el 2007 como en el 2014, en el ranking de los Estados con mayores índices de pobreza laboral, tras Rumanía y Grecia. Además, el indicador de privación material severa, que a diferencia del anterior se ve mucho menos afectado por las variaciones macroeconómicas, entre otras en los ingresos medios, también ha aumentado en 5,3 puntos entre esos años.
Razones del aumento de la pobreza laboral
Entre los factores explicativos de ese aumento un papel destacado consiste en el desarrollo de los llamados contratos laborales “atípicos” o no estándar, es decir, diferentes del contrato indefinido a jornada completa. Estos contratos se desarrollan especialmente entre los bajos salarios, que son los que han experimentado de forma más intensa el ajuste salarial, además de haber sufrido la mayor reducción de empleo. El aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial ha incrementado el número de personas de bajos ingresos, especialmente mujeres y jóvenes y, frecuentemente, esos trabajos no suponen un paso hacia mejores empleos. Algunos analistas de la OCDE, con el argumento de suprimir obstáculos desde el lado de la demanda de los jóvenes, han propuesto reducir sus salarios directos e indirectos, mediante la instauración de un sub-salario mínimo para ellos, la reducción de las cotizaciones sociales aplicables y la puesta en práctica de contratos de aprendizaje con salario inferior al salario mínimo por el “compromiso de formación” que implican (en muchos casos, teórico). Sin embargo, análisis de la misma OCDE constataban que el trabajo a tiempo parcial y el temporal, se caracterizan por desigualdades salariales más pronunciadas (superiores a la mitad en Holanda y en los países nórdicos) y, de hecho, han contribuido al crecimiento de las desigualdades en los países (entre ellos el Estado español) 5/. En el siguiente cuadro se puede apreciar como la proporción del riesgo de pobreza es más elevado en esas modalidades contractuales.
Gráfico nº 2 Proporción de trabajadores en riesgo de pobreza, por tipo de contrato UE 2014
Fuente: Eurofound 2017
Aunque la actual tasa de temporalidad, de casi el 27%, es inferior a la de 2008, justamente por el despido masivo de los contratos temporales, ha aumentado en el último año. Según la EPA los contratos indefinidos han aumentado en el segundo trimestre de 2017 en 93 600, mientras que los contratos temporales lo han hecho en 255 900. En los años de la crisis ha tenido lugar un uso cada vez mayor de los contratos de corta duración: la duración media de los contratos es de 55 días, el 25% de los contratos son de una duración inferior a una semana y se realizan especialmente con personas de bajo nivel educativo. En algunas comunidades autónomas el peso de la temporalidad es aún más elevada: según un informe de la UGT, en Galicia el 34’7% de los contratos temporales en 2016 fue de menos de siete días, siete puntos por encima de la media del Estado y un cinco por ciento más que en 2012. El aumento del número de contratos temporales de duración muy reducida entre los jóvenes reduce su probabilidad de acceder a contratos indefinidos 6/.
El aumento de los períodos sin trabajo debido a la creciente rotación laboral derivada de los contratos cada vez más cortos y los salarios inferiores de los nuevos empleos han dado lugar a que los salarios de la gente con contrato temporal hayan sufrido una reducción salarial durante la crisis del doble de quienes tenían contrato indefinido. Los trabajadores estables, entendiendo por tales quienes se mantuvieron en el empleo entre 2008 y 2013 experimentaron una reducción de salarios del 1,6% entre 2008 y 2013, mientras que los inestables, es decir, quienes cambiaron de empleo, en la mayoría de los casos alternando el empleo con el desempleo, cayeron un 17% en el mismo período. En términos de poder adquisitivo, los primeros perdieron el 10,4% pero los inestables llegaron hasta el 25,8% 7/.
En el Estado Español el tiempo parcial alcanza al 15,26 % de las personas asalariadas en el segundo trimestre de 2017 y se está concentrando en empresas de mayor tamaño. Este trabajo se distribuye desigualmente entre los dos sexos: el 72 % de los contratos a tiempo parcial corresponde a las mujeres y un porcentaje muy importante de los nuevos contratos son a tiempo parcial. El tiempo parcial va unido, de forma muy mayoritaria, a los bajos salarios. En efecto, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre de 2017, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,12 euros por hora (15,52 euros/hora de media para el tiempo completo frente a 10,40 para el tiempo parcial) y está en aumento en los últimos años. La parcialidad afecta especialmente a los jóvenes: los salarios de los contratos de los jóvenes menores de 26 años que entraron en el mercado laboral en 2015 eran un 14,4% inferiores a los que recogían estos mismos contratos en 2008 y esa menor retribución de los contratos de entrada se debe principalmente al mayor peso del tiempo parcial. En el siguiente gráfico se puede observar la gran distancia en el riesgo de pobreza laboral entre quienes trabajan a tiempo completo y lo hacen a tiempo parcial, con notables diferencias entre los Estados donde la diferencia es menor, por el mejor trato, legal y convenido colectivamente, al tiempo parcial, entre otros, Holanda, Austria y Luxemburgo, frente a otros Estados, como el español, con proporciones cuatro o cinco veces superiores en el riesgo de pobreza.
Gráfico nº3 Proporción de trabajadores en riesgo de pobreza (%), para el tiempo completo y el parcial en Estados miembros EU, 2014
# Empleados a tiempo completo #Empleados a tiempo parcial
Fuente: Eurofound 2017
La devaluación salarial ha afectado especialmente a las personas que ya con anterioridad a la crisis cobraban los salarios más bajos; según datos de la EPA, la caída salarial media fue del 3,0% entre 2009 y 2013, pero en el decil de los ingresos más bajos, que comprende a la gente más precaria (a tiempo parcial, con contratos temporales, con escasa antigüedad en la empresa) alcanzó el 16,4% 8/.
Según la última EPA de 2016, la principal razón del trabajo a tiempo parcial es la de no poder acceder a uno a tiempo completo, involuntariedad que ha aumentado desde el 35% de 2008 hasta una media de más del 65% en el 2017. El Estado español, junto a Eslovenia, es el país de la OCDE donde más ha aumentado esa involuntariedad entre 2000 y 2015, junto a Eslovenia. El porcentaje es mayor en casi diez puntos entre los hombres (66%) que entre las mujeres (58%), Esta diferencia se explica por la dedicación muy mayoritaria de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados: mientras que la segunda razón de los hombres para tener un trabajo a tiempo parcial es la compatibilización con los estudios y solo un 3% para realizar actividades de cuidado, los porcentajes respectivos de las mujeres son del 4,2% y casi el 20%.
Los trabajadores autónomos o por cuenta propia sin empleados (“autoempleados” en la terminología del informe de Eurofound) sufren tasas de pobreza superiores a los trabajadores por cuenta ajena en la mayoría de los Estados miembros, entre ellos el Estado español. Esta situación, que permite desmitificar las loas al “emprendedurismo”, se debe a la necesidad de una parte de la gente parada de obtener ingresos, para las que se establecen en sectores a los que pueden acceder sin disponer previamente de capitales propios importantes, como la hostelería o el comercio entre otros, muy saturados, y de los que obtienen ingresos muy bajos, cuando no se ven obligados al cierre por no poder pagar los alquileres. En otros casos, su relación jurídica como trabajadores por cuenta propia esconde que trabajan para empresas de forma exclusiva o muy mayoritaria, pero si eso si asumiendo los costes fiscales y de seguridad social. La movilización de los trabajadores de Telefónica-Movistar en los últimos años en exigencia de acabar con la cesión ilegal, las subcontratas y los falsos autónomos ha sido un ejemplo de las prácticas en esta materia de las grandes empresas y ha probado que la lucha permite hacer retroceder las formas más retrógradas de deterioro laboral.
Desigualdad y trabajadores pobres
La otra cara de la pobreza laboral es el aumento de la riqueza y la desigualdad. Sólo entre 2015 y 2016 el número de los millonarios (cuyo patrimonio supera el millón de dólares) se ha incrementado en siete mil en el Estado español, pasando a 338 mil (Global Wealth Databook 2016) y desde inicio de la crisis en el 60%. Su riqueza se aproxima a los 500 000 millones de euros. Según la Oficina de Estudios de Investigación Económica de Estados Unidos, entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles está en paraísos fiscales, lo que supone que aproximadamente 140.000 millones de euros (más del 12% del PIB) no tributan.
En los años de recesión, la brecha salarial entre directivos del conjunto de las empresas y el resto de los trabajadores se ha multiplicado por diez y la relación entre el salario de los dirigentes y el del resto de los trabajadores que era, de media, de 3,2 en el 2010, es de 3,5 en el 2017. Obviamente, la diferencia es muchísimo más elevada entre las empresas del IBEX 35, cuyos consejeros cobran 116 veces el salario medio de sus trabajadores.
Pobreza, protección por desempleo y salario mínimo
Las prestaciones de desempleo cubren de forma muy insuficiente las situaciones de desempleo, especialmente desde la reforma de 2012, que ha dado lugar a que el número de beneficiarios se reduzca continuamente. En el primer trimestre de 2017 el total de la cobertura de las prestaciones era el 54,9%, frente a un 79,9% del 2010, es decir, que el 45% de las personas paradas no tiene ningún tipo de protección por desempleo. Las llamadas prestaciones contributivas cubren a una parte reducida de los perceptores (el 37%), ya que su duración máxima de dos años ha dado lugar a la desprotección de quienes no han encontrado empleo (o lo ha sido de duración muy corta) tras haber finalizado el cobro de las mismas. Las muy prestaciones asistenciales, que son percibidas por el 63% de los beneficiarios son de muy escasa cuantía (en casi todos los casos se limita a 430,27 euros mes) y duración. Una de sus variantes más importantes, el subsidio de los mayores de 52 años sufrió un empeoramiento radical en el 2013.
Las rentas mínimas de inserción que conceden las comunidades autónomas suponen la única vía de garantía de rentas de las personas paradas que no tienen acceso a las prestaciones por desempleo (el citado 45%) y de las que tengan ingresos laborales de muy baja cuantía. La generalización de los bajos salarios contribuye a desincentivar el acceso al mercado de trabajo de las personas inactivas y de perceptores de las rentas mínimas, en los casos en que éstas concedan prestaciones de cierta cobertura y cuantía 9/, es decir, fundamentalmente la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Catalunya, que ha mejorado sustancialmente sus prestaciones desde la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en julio de 2017 10/. Ello da lugar a un cambio en el perfil de los perceptores de la prestación, en el sentido de aumentar el porcentaje de quienes perciben la misma como complemento a los bajos salarios, a pesar de que las comunidades autónomas tienen dificultades para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales por la presión de la Unión Europea, asumida gustosamente por el gobierno español, para la contención de los déficits públicos. La solución de esta problemática exige una elevación sustancial del salario mínimo, en línea con las reivindicaciones de los sindicatos vascos ELA y LAB de fijación del mismo en una cuantía de 1.200 euros mensuales 11/.
Notas:
1/ Datos señalados en Cristóbal Molina Navarrete, “Productividad, trabajo y pobreza: “trío” posible pero insostenible”, RTSS-CEF, nº 415, 2017, p. 8. El autor señala que “la creciente desigualdad retributiva entre la población trabajadora es claro síntoma del desajuste productivo”.
2/ Mari Luz de la Cal, La pobreza laboral, Hegoa- Boletín de recursos de información, nº 40, 2014, disponible en http://boletin.hegoa.ehu.es/mail/33
3/ Michel Husson,”Les multiples empreintes de la crise en Europe” , Chronique international de l’IRES, nº 156, 2016, 172-187.
4/ Eurofound, In-work poverty in the EU, disponible en https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/in-work-poverty-in-the-eu.
5/ Mª Luz de la Cal y Mikel de la Fuente, “La Garantía de Rentas Mínimas en el Estado español. Especial Referencia al Caso de la RGI Vasca”, http://www.vientosur.info/spip.php?article10811, 2015.
6/ Marcel Jansen, “Precariedad 2.0”, Blog Nada es gratis, 22-9-2017.
7/ El detalle se puede ver en Fernández Kranz, “Ingresos salariales en España durante la crisis económica: ¿ha sido efectiva la reforma de 2012?”, Cuadernos de Información Económica, nº 246, 2015.
8/ CC.OO, Análisis gráfico de la devaluación salarial en España, 2015.
9/ Tal y como apuntaba hace ya unos años Joseba Zalacain, “Trabajo, trabajadores pobres e inserción social”, Documentación Social, nº 143, 2006.
10/ Su proceso de surgimiento social y parlamentario y su contenido puede verse en Diosdado Toledano, “La larga marcha de la renta garantizada de ciudadanía”, http://vientosur.info/spip.php?article12942
11/ Sobre el salario mínimo, véase mi artículo “SMI: la nueva estafa del PP-PSOE”, http://www.vientosur.info/spip.php?article12125
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