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Si la extrema derecha se está abriendo paso tan fácilmente en el escenario político alemán, es precisamente porque siempre estuvo cómodamente instalada en el centro mismo del Estado.
En febrero los cristianodemócratas alemanes votaron junto con los neonazis y compañeros de viaje de la Alternative für Deutschland (AfD) para elegir al presidente de la región de Turingia. Anatema. El establishment alemán reaccionó con escándalo. El episodio ha hecho correr mucha tinta. Se ha hablado de la “ruptura de un tabú” y del fin del ”cordón sanitario” que, según decían, aislaba a los ultras de los partidos del centro. Lo lo principal no se ha dicho. A lo que hemos asistido no ha sido a un escándalo, sino a un colosal ejercicio de hipocresía y amnesia sobre la propia genealogía.
La extrema derecha alemana dispone del mayor grupo parlamentario ultra de Europa, 94 diputados en el Bundestag. Tiene una presencia, en ascenso, en todos los 21 parlamentos regionales y de ciudades-estado excepto el de Hesse. Si se está abriendo paso con tanto éxito y facilidad en el contexto de la crisis de la UE y de los grandes partidos históricos (CDU y SPD), no es por casualidad ni en virtud de algún indescifrable misterio, sino porque el extremismo de derechas siempre estuvo implantado en el mismo centro del Estado alemán. Y eso desde la posguerra hasta el día de hoy.
Galería de ilustres
Los ex nazis tuvieron una implicación central en la construcción de la República Federal Alemana. Su participación en el sistema de partidos de posguerra, y en especial de la CDU, fue fundamental, pero ese parentesco, sin el cual la actual derecha alemana es incomprensible, es ignorado por sus protagonistas.
Así, el ex presidente de la región de Hesse Roland Koch afirma tranquilamente en un artículo que su partido, la CDU, “fue fundado como bastión contra el fascismo y el comunismo” y la presidenta del partido Annegret Kramp-Karrenbauer (Frau KK) ha dimitido de su puesto mencionando la “poco clara relación de sectores de la CDU con la AfD”. ¿Poco clara? ¿Ignora Frau KK la historia de su partido en su propia región, el Sarre, de la que fue presidenta durante siete años?
La relación histórica de la CDU con la extrema derecha no es “poco clara”. Al contrario, es clarísima: en el primer grupo parlamentario de la CDU del Sarre, constituido en 1955, más de la mitad de los diputados de la CDU eran antiguos nazis. En 1957 el presidente del grupo parlamentario cristiano-demócrata del Sarre era Erwin Albrecht, un ex juez carnicero nazi, responsable de 31 sentencias de muerte contra judíos de Praga. ¿Ecos de la política alemana de provincias en los lejanos años cincuenta? En absoluto. La implicación de los ex nazis en la CDU y en los puestos de mayor responsabilidad de la RFA es enorme y alcanza hasta los más altos puestos del Estado.
Kurt Georg Kiesinger (CDU) fue presidente del gobierno de Baden Württemberg (1958-1966) Canciller Federal (1966-1969) y presidente de la CDU (1967-1971). Desde 1933 fue miembro del partido nazi y de las SA. Walter Scheel, del partido liberal FDP, fue Presidente de la República (1974-1979), ministro en sucesivos gobiernos y vicecanciller pese a haber sido miembro del partido nazi. Hans Karl Filbinger (CDU), ex juez nazi, fue presidente del gobierno de Baden-Württemberg (1966-1978) y vicepresidente de la CDU. Karl Carstens (CDU), miembro de las SA y del partido nazi, fue presidente del Bundestag (1976-1979) y presidente de la República (1979-1984). El liberal Hans-Dietrich Genscher (FDP), el ministro más longevo de la RFA con socialdemócratas y democristianos, presidente de su partido, también fue miembro del partido nazi. Richard Stücklen, cofundador de la CSU bávara, fue ministro de comunicaciones (1957-1969) y presidente de la CDU (1967-1971). Había adquirido su carnet del partido nazi en 1933.
Hans Globke, el número dos del canciller Adenauer, secretario de estado y eminencia gris de la cancillería, el hombre que puso en marcha la nueva policía política de la RFA, el Verfassungsschutz, y organizó el embrión de los futuros servicios secretos (BND), era un jurista nazi que participó en la redacción de las leyes racistas que determinaban quien era judío sobre las que luego se basarían los carniceros del holocausto. El asunto era tan flagrante que el fiscal general de Hesse, Fritz Bauer (aquí sobre la trayectoria de esa personalidad excepcional), inició en 1961 un sumario contra él que el propio Adenauer detuvo.
Konrad Adenauer, primer canciller federal, fundador de la CDU y padre de la patria no fue un nazi, pero en 1932 abogaba por una coalición de todas las fuerzas “conservadoras” y de “centro”, categorías en las que englobaba al partido nazi. “En mi opinión nuestra única salvación es un monarca, un Hohenzoller e incluso Hitler”, escribió en 1933 en una carta a Dora Pferdemenges. Pocos como su protegido Globke encarnan la continuidad administrativa de las elites nazis en la RFA: Globke recibió seis condecoraciones nazis entre 1934 y 1942 y otras siete de la RFA entre 1956 y 1963 (aquí la lista completa)
Reinhard Gehlen (1902-1979), un ex general nazi de la Wehrmacht, fue quien dirigió los servicios secretos alemanes hasta 1968. El responsable del departamento “Contraespionaje Unión Soviética) de esos servicios, fue Heinz Felfe, ex funcionario de la Gestapo y ex Obersturmführer de las SS. En total más de doscientos de los más altos cargos de la RFA fueron ex miembros del partido nazi, de las SA o de las SS.
La autoamnistía de Dreher
Esa situación fue posible gracias a la estrategia americana de posguerra de aprovechar a los cuadros nazis para los combates de la guerra fría. Eso determinó que en Alemania Occidental, en términos generales, no hubiera desnazificación. Los juicios aliados en Alemania contra los nazis fueron poca cosa. El tribunal interaliado de Nuremberg que se proponía llevar a juicio a cinco mil personas, no juzgó más que a 210. En diversos juicios, norteamericanos, británicos y franceses condenaron a 5000 personas, de las que apenas 700 lo fueron a la pena capital. Más del 90% de los miembros de las SS ni siquiera llegaron a ser juzgados. El nuevo Estado alemán protegió y amnistió a los ex nazis que frecuentemente movían los hilos de tales decisiones.
Personaje clave en el embrollo jurídico de esta gran amnistía fue el ex fiscal nazi de Insbruck, Eduard Dreher, que hizo carrera en la justicia de la RFA hasta llegar a ser subsecretario de Estado y director del Departamento de Derecho Penal. Dreher fue el redactor de la Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Egowig) del año 1968, una astucia jurídica que modificó los plazos de prescripción de los delitos nazis al calificar como homicidios y no como asesinatos las conductas de los cómplices. Ese cambio aparentemente anodino significó que los delitos nazis de todos aquellos que aparecían como “cómplices” prescribieran en 1960. Y exceptuando a la minoría de más altos jerarcas, todos eran meros “cómplices” que obedecían órdenes.
La ley de Dreher impidió así, por ejemplo, abrir causas contra la Oficina Central de Seguridad del Reich e impidió sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de dicha oficina que organizaron las masacres de Polonia y la Unión Soviética, gente responsable de la muerte de millones de judíos, comunistas, gitanos y sacerdotes. Dreher murió en 1996, fue enterrado con honores militares y su nombre figura hoy en la edición comentada al derecho penal de la RFA más popular de Alemania (48 ediciones): Dreher/Trönde, Strafgesetzbuch. Und Nebengesetze, 1997.
Pensionistas de uno u otro signo
Aquella ausencia de desnacificación de los orígenes de la RFA, fue, en gran parte, una renacificación. No en el sentido de que las cámaras de gas siguieran vigentes, sino en el de una puesta al día ideológica que trazó un signo de igualdad entre nazismo y comunismo. Todo eso tiene consecuencias en el día de hoy, sin embargo el asunto no se menciona al abordar el actual avance de la extrema derecha filonazi en Alemania, como apunta la brillante publicista germano oriental Daniela Dahn en su último libro (Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute).
Los parentescos y continuidades administrativas entre la Alemania nazi y la actual líder (de capa caída) de la Unión Europea, explican enormidades como el hecho de que los veteranos de las SS cobren puntualmente pensiones del Estado alemán, mientras que muchas víctimas del nazismo, entre ellas supervivientes del holocausto tengan que batallar para reclamarlas.
Ex miembros letones de las SS como Karlis Ciceronoks o Janis Mikelsons, reciben cada mes su pensión de 277 euros, además tienen asistencia médica en Alemania y el Estado alemán les pagará el entierro cuando llegue su hora, pese a no haber cotizado nunca en el sistema de pensiones alemán. Los legionarios de las Waffen-SS letonas, de los que un total de 1500 continúan recibiendo pensión alemana, tuvieron un gran papel en la eliminación de 70.000 judíos en Letonia (el 94% de la comunidad), de decenas de miles en Minsk, o en Lituania (más de 200.000), o Ucrania, entre ellos parientes de Rute Vaskonika, una superviviente del ghetto de Riga que lleva siete años reclamando una pensión a Alemania, informaba hace unos años el programa de televisión Kontraste.
En Bélgica casi un centenar de antiguos miembros belgas de las SS reciben pensiones alemanas de entre 425 y 1275 euros mensuales, mientras que ciudadanos belgas que durante la guerra fueron deportados a Alemania como trabajadores forzados reciben una indemnización mensual de 50 euros de parte del gobierno alemán. Cuando tres diputados belgas se dirigieron a las autoridades alemanas para “acabar con esta situación inadmisible”, los alemanes se negaron a entregar al gobierno belga la lista de los ex SS belgas pensionistas, explicó el año pasado el diputado Olivier Maingain a la Deutsche Welle.
“¿Cómo se explica esta increíble frialdad ante las víctimas y esta ausencia de toda responsabilidad histórica, si no es en un antisemitismo estructural?”, se pregunta Daniela Dahn. ¿Cómo se explica esta política de pensiones, si no en una fidelidad administrativa que ha sobrevivido más de 75 años al decreto del Führer en la materia, ordenando cubrir a todos los miembros extranjeros de las SS?
El parentesco histórico del establishment alemán con el régimen anterior se pone en evidencia en la supuesta, e infame, equidistancia proclamada ante los totalitarismos de uno u otro signo. En el acuerdo de reunificación alemana de agosto de 1990 se dedica al nazismo el término “régimen nazi” (NS-regime) mientras que al de Alemania del Este se le dedica el término “régimen injusto” (SED-Unrechtregime). Que no es un detalle, sino toda una mentalidad, lo evidencia el diferente trato que el sistema de indemnizaciones decidido entonces para cada caso: por un mes en una cárcel de Alemania del Este, 550 marcos de indemnización, por un mes en un campo de concentración nazi, 150 marcos. Aquí es donde hay que situar los aspavientos y las “rupturas de tabú” evocadas a propósito de las elecciones en Turingia.
“Mucho antes de que el extremismo de derechas alcanzara el centro de la sociedad, estaba en el centro del Estado”, dice Daniela Dahn. “El antifascismo nunca fue razón de Estado en la RFA. El principal responsable del fortalecimiento del actual extremismo de derechas en las regiones del Este de Alemania es la propia clase política del Oeste”.
(Publicado en Ctxt)
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