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ERNANDO RAVSBERG
El Presidente Donald Trump se propone dejar de financiar a la disidencia cubana, eliminando del proyecto de presupuesto federal los U$D 20 millones que esta recibía cada año. Lo mismo ocurre con la oposición venezolana, la cual pierde U$D 6,5 millones de financiamiento anual. La medida está “escondida” dentro de los recortes generales dedicados a la “ayuda al desarrollo” de América Latina, los cuales afectan desde el Cono Sur hasta México, país al que se le reducirá a la mitad.
La gran diferencia con el resto de Latinoamérica es que, en los casos de Cuba y Venezuela, esta supuesta “ayuda para el desarrollo” va directamente a manos de la oposición para financiar actividades “en favor de la democracia”. Dicho sin diplomacia, todos esos millones son enviados a grupos afines a Washington para provocar un “cambio de régimen” en los dos países.
La eliminación de los fondos marcaría un cambio radical de política respecto a los últimos 60 años.
La eliminación de los fondos marcaría un cambio radical de política respecto a los últimos 60 años.
El Profesor cubano-americano Arturo Lopez-levy, conferencista en Mills College de California y Candidato a Doctor en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, hace notar que la visión del Presidente Trump se distancia del consenso intervencionista de post-guerra y por ende también de los gastos en la llamada "promoción de la democracia", para dedicarse a temas de seguridad más inmediato.
Sin embargo, advierte que se trata solo de una propuesta que aún tiene que ser aprobada por el Congreso, donde el tema Cuba será moneda de cambio de la Administración para negociar con los congresistas cubano-americanos. Agrega que quedan los fondos temáticos regionales de la USAID, desde donde seguramente se destinará algo a la “promoción de la democracia” en Cuba y Venezuela, y en esa agencia ya están posicionados representantes del anticastrismo más radical.
De todas formas, de seguir su curso la propuesta del Presidente Trump, la oposición cubana vería dramáticamente reducidos sus ingresos. Los anticastristas de los EEUU tendrían que luchar por un trozo del pastel de la USAID, la cual tiene un presupuesto mucho más limitado y debe utilizarlo para promover las estrategias estadounidenses en lugares de mucho interés geopolítico como Afganistán, Siria o Libia. Así que los disidentes recibirían muchísimo menos dinero pero todavía suficiente para seguir siendo acusados por el gobierno cubanos de ser “mercenarios al servicio de Washington”.
Todavía es demasiado pronto para saber si ese presupuesto se aprobará pero seguramente el anticastrismo interno y externo debe estar preocupado, todas las organizaciones y muchos de los individuos que las integran viven y hacen política, en Cuba y en los EEUU, con esos U$D 20 millones. El gobierno cubano lo llama la industria da contrarevolução porque para muchos es una forma de vida.
Terminar con este apoyo financiero a la disidencia fue una de las exigencias del Presidente Raúl Castro a Barack Obama en el 2015, cuando reclamó que deben cesar todos “los programas de subversión y desestabilización contra Cuba”. Seguramente no imaginó que sería nada menos que Donald Trump el que propondría al Congreso conceder esa reivindicación de Cuba.
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